La primera solicitud formal de Perú a Japón para un acuerdo de seguridad social fue en 2014.
Perú y Japón acumulan doce años de solicitudes, gestiones diplomáticas e iniciativas parlamentarias para alcanzar un Acuerdo de Seguridad Social, pero hasta noviembre de 2026 los dos gobiernos todavía no han iniciado negociaciones formales. Mientras la comunidad peruana en Japón continúa esperando una solución que permita reconocer sus aportes previsionales en ambos países, las intervenciones políticas e institucionales no han conseguido que el tema avance hacia una mesa de negociación.
La propuesta busca resolver dos problemas que afectan a los trabajadores que han desarrollado parte de su vida laboral en Perú y otra en Japón: evitar el pago de aportes a la seguridad social en ambos países por una misma situación laboral y permitir la totalización de los periodos de cotización para acceder a una pensión.
El acuerdo tomaría como referencia el convenio suscrito entre Japón y Brasil en 2010. Su aplicación permitiría que los años aportados en los dos sistemas previsionales puedan sumarse para cumplir los periodos mínimos exigidos para acceder a una pensión en cada país. El monto de las prestaciones, sin embargo, se calcularía de acuerdo con los aportes realizados en cada sistema y sus respectivas normas.
DOCE AÑOS DE SOLICITUDES SIN UNA RESPUESTA CONCRETA
La primera gestión de alto nivel se produjo en noviembre de 2014, durante una reunión bilateral celebrada en el marco de la cumbre de APEC. El entonces presidente peruano, Ollanta Humala, pidió al primer ministro japonés, Shinzo Abe, estudiar la posibilidad de concluir un Acuerdo de Seguridad Social entre ambos países. Abe respondió que solicitaría a los funcionarios correspondientes examinar la propuesta.
En agosto de 2016, el entonces embajador peruano en Japón, Elard Escala, volvió a plantear el tema y expresó su expectativa de que Tokio lo considerara favorablemente. En aquella oportunidad explicó que los acuerdos tributarios y la exención de visas para pasaportes diplomáticos y oficiales habían beneficiado principalmente a Japón, mientras que un convenio de seguridad social representaría una ventaja especialmente importante para Perú. Por ello, pidió considerar el equilibrio general de los beneficios en la relación bilateral.
Un mes después, la respuesta japonesa fue que no existía un estudio concreto en marcha. Entre los argumentos mencionados figuraban la posibilidad de que algunos trabajadores pudieran recuperar sus aportes al regresar a su país de origen y la falta de solicitudes de empresas japonesas que operaban en Perú.
En junio de 2017, durante una nueva ronda de consultas políticas, Perú insistió en la necesidad de estudiar un acuerdo o, alternativamente, un memorándum de entendimiento que contribuyera a proteger a los más de 50.000 peruanos que entonces residían en Japón. El entonces viceministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, propuso además mantener un intercambio de información a través de la Embajada peruana en Tokio.
La respuesta japonesa volvió a señalar que los acuerdos de seguridad social requerían un proceso prolongado, que existía una lista de espera y que no se percibía suficiente interés del sector económico japonés. También recordó que los extranjeros residentes en Japón están incluidos en el sistema de seguridad social del país.
Desde entonces, la posición japonesa ha mantenido como argumentos la necesidad de estudiar las similitudes entre ambos sistemas, identificar necesidades concretas de Japón, evaluar el interés de sus empresas y determinar la conveniencia de establecer un marco de cooperación bilateral.
JAPÓN AVANZA CON OTROS PAÍSES Y PERÚ SIGUE FUERA
La falta de avances contrasta con la política japonesa de suscribir acuerdos de seguridad social con otros países. De acuerdo con el balance considerado en las gestiones sobre este tema, Japón mantiene 24 acuerdos en vigor y uno firmado, pero todavía no vigente, con Polonia. Además, desarrolla negociaciones o consultas preliminares con otros países, entre ellos Turquía y Noruega.
Perú no figura entre los países con los que Japón mantiene negociaciones formales ni cuenta con un proceso bilateral de negociación en marcha. Tampoco existe, hasta el momento, un calendario oficial para iniciar ese procedimiento.
La ausencia de avances resulta especialmente relevante si se considera que el propio Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón reconoce que los acuerdos de seguridad social buscan resolver dos dificultades habituales de los trabajadores que se desplazan entre países: la doble cobertura previsional y la imposibilidad de cumplir los periodos mínimos de cotización exigidos para recibir una pensión.
El sistema japonés contempla precisamente la totalización de los periodos de cobertura de ambos países para facilitar el acceso a las prestaciones. Se trata de los dos objetivos centrales que también persigue la propuesta peruana.
UNA DEMANDA QUE SE MANTIENE DESDE LA COMUNIDAD PERUANA
Ante la falta de respuesta institucional, Masao Aizawa, promotor de la iniciativa, ha mantenido durante los últimos años una labor de difusión y búsqueda de respaldo político y comunitario.
En octubre de 2024, durante la X Convención de la Federación Mundial de Instituciones Peruanas (FEMIP), realizada en Tokio, Aizawa expuso la necesidad de un acuerdo que protegiera los derechos previsionales y de salud de los peruanos residentes en Japón. Días después, presentó nuevamente la propuesta en la 64.ª Convención de Nikkei y Japoneses en el Exterior, donde se aprobó un llamado a los gobiernos de Perú y Japón para que trabajaran conjuntamente en el tema.
En mayo de 2025 realizó una visita de trabajo a Perú y sostuvo reuniones con representantes de la Asociación Peruano Japonesa (APJ), la Asociación Estadio La Unión (AELU), la Asociación Okinawense del Perú, JICA Perú, el Congreso peruano y la Embajada de Japón en Lima.
Tres meses después, durante la visita de la entonces presidenta Dina Boluarte a Tokio, Aizawa le entregó formalmente una propuesta ciudadana respaldada por 250 firmas de peruanos. El documento solicitaba que el Gobierno peruano impulsara el inicio de gestiones técnicas y diplomáticas, promoviera la creación de una comisión técnica binacional e incorporara el asunto en el diálogo bilateral oficial.
Sin embargo, el seguimiento de aquella presentación perdió continuidad después de que Boluarte dejara la Presidencia en julio de 2026. La iniciativa quedó así sin el impulso político que se esperaba desde el Ejecutivo peruano.
INO Y SHIOMURA LLEVAN EL TEMA AL PARLAMENTO JAPONÉS
Una de las intervenciones más importantes en Japón fue la del diputado Toshiro Ino, del Partido Liberal Democrático (PLD). A partir de una solicitud suya, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar proporcionó información sobre los antecedentes de las gestiones realizadas desde 2014 y las respuestas que el Gobierno japonés había ofrecido a las sucesivas solicitudes peruanas.
Ese registro permitió reconstruir la trayectoria de más de una década de acercamientos y confirmar que, pese a las distintas iniciativas, las negociaciones formales entre ambos gobiernos no habían comenzado.
Ino también facilitó una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, entre ellos el señor Fujiwara. En ese encuentro se abordaron las diferencias entre los sistemas previsionales de ambos países y las condiciones que podrían dificultar un acuerdo. Entre ellas se mencionó que, en Japón, los aportes suelen ser compartidos por el trabajador y el empleador, mientras que en Perú la carga puede recaer principalmente en el trabajador, dependiendo del régimen.
Los funcionarios japoneses señalaron que para avanzar sería necesario fortalecer el diálogo oficial entre los dos gobiernos y contar con una iniciativa política de alto nivel. Es decir, las gestiones de particulares y legisladores pueden contribuir a mantener el asunto en agenda, pero no reemplazan la decisión de los respectivos gobiernos de abrir un proceso formal.
La intervención parlamentaria más reciente corresponde a la senadora Ayaka Shiomura, del Partido Democrático Constitucional de Japón, quien preside la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Consejeros.
Su participación surgió después de asistir, en octubre de 2026, a la Convención de Nikkei y Japoneses en el Exterior. Tras recibir de Aizawa una solicitud formal para respaldar una solución al problema que enfrentan los peruanos en Japón, Shiomura convirtió el pedido en una iniciativa parlamentaria y formuló nueve preguntas a cada uno de dos ministerios: el de Asuntos Exteriores y el de Salud, Trabajo y Bienestar. En total, fueron 18 preguntas dirigidas a conocer la posición y las posibilidades de actuación de ambas instituciones.
La senadora también considera fundamental la participación de las instituciones nikkei del Perú, especialmente de la Asociación Peruano Japonesa (APJ), en la elaboración y presentación de una demanda que represente a la comunidad y contribuya a impulsar un acuerdo en beneficio de los peruanos residentes en Japón.
En Perú, por su parte, los congresistas Juan Carlos del Águila, del Senado, y César Vidaurre, de la Cámara de Diputados, siguen el tema desde octubre de 2025. Sus intervenciones se suman a las gestiones realizadas ante representantes del Congreso y del Ejecutivo peruano para mantener vigente la propuesta.
EL SEIKATSU HOGO NO REEMPLAZA UN DERECHO PREVISIONAL
En las conversaciones sobre las dificultades económicas que pueden afrontar los jubilados peruanos en Japón también se ha mencionado el seikatsu hogo (生活保護), el sistema japonés de asistencia pública para personas que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Sin embargo, este mecanismo no equivale a una pensión ni resuelve el problema que busca atender el acuerdo bilateral. La asistencia pública responde a criterios de necesidad económica y no reconoce ni totaliza los años de aportes realizados en Perú y Japón.
Por tanto, plantear la asistencia social como una respuesta a las dificultades de los jubilados no sustituye la necesidad de establecer un mecanismo que coordine los sistemas previsionales y proteja los derechos derivados de las cotizaciones efectuadas durante la vida laboral.
DOS GOBIERNOS QUE SIGUEN SIN DAR EL PASO
Después de doce años de solicitudes, reuniones, consultas, propuestas ciudadanas e intervenciones parlamentarias, la situación permanece prácticamente en el mismo punto: Perú ha pedido reiteradamente que se estudie la posibilidad de un acuerdo, pero Japón no ha decidido abrir negociaciones formales. Tampoco se ha concretado una iniciativa bilateral que permita pasar de los acercamientos a un proceso técnico oficial.
El recorrido evidencia que la propuesta ha llegado a presidentes, embajadores, ministerios, congresistas y representantes de la comunidad nikkei. Sin embargo, ninguna de esas gestiones ha conseguido que ambos gobiernos designen interlocutores técnicos y establezcan una mesa de trabajo.
El siguiente paso requiere una decisión política de los dos países: reconocer formalmente la importancia del acuerdo, designar representantes, evaluar la compatibilidad de los sistemas y abrir las negociaciones que hasta ahora no han comenzado.
Mientras eso no ocurra, los peruanos que han trabajado y aportado a los sistemas de seguridad social de ambos países seguirán sin contar con un mecanismo bilateral que permita coordinar sus periodos de cotización. Doce años después de la primera solicitud presidencial, la pregunta ya no es cuántas gestiones se han realizado, sino cuánto tiempo más deberán esperar para que los gobiernos conviertan esas solicitudes en una decisión concreta. (RI/International Press)
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
