El Gobierno de Japón decidió posponer temporalmente la aplicación de restricciones a los extranjeros para la adquisición de apartamentos en zonas urbanas, a pesar de la presión política por el alza de precios inmobiliarios.
Fuentes gubernamentales y de la coalición revelaron que se determinó inviable aplicar un veto exclusivo por nacionalidad debido a tratados de comercio internacional. En su lugar, el Ejecutivo optó por endurecer el control de tierras estratégicas cerca de bases militares bajo un criterio universal que afectará a todos los compradores, sin importar su origen.
La reforma legal correspondiente será presentada en la sesión parlamentaria extraordinaria de otoño.
LOS ACUERDOS INTERNACIONALES
La medida de congelar las restricciones a compradores foráneos ocurre tras los debates de un comité de expertos convocado en marzo para evaluar la propiedad inmobiliaria en manos extranjeras.
Al revisar el marco jurídico, el Gobierno chocó con los compromisos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). Al adherirse a dicho tratado, Japón no incluyó ninguna cláusula de reserva que le permitiera limitar la compra de tierras a extranjeros, lo que hace casi imposible aplicar restricciones selectivas sin violar el principio internacional de «no discriminación interna-externa».
Asimismo, dentro del aparato estatal existía un fuerte sector reacio a intervenir en el mercado inmobiliario general. Los opositores a la medida argumentaron que limitar la compra de propiedades comunes vulneraría los derechos de propiedad y entorpecería la actividad económica legítima.
A esto se suma el factor del mercado constructivo actual, donde los desarrolladores ya enfrentan un escenario complejo debido a las sucesivas alzas en los precios de los materiales de construcción, motivadas por el deterioro de la situación en Oriente Medio.
«ESPACULACIÓN EXTRANJERA» ES UN MITO
La propuesta de vetar a los compradores de otros países nació de sectores de la coalición gobernante que acusaban a la inversión especulativa extranjera de disparar el costo de la vivienda. Sin embargo, los datos duros enfriaron el debate.
Un estudio del Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo reveló que, entre enero y junio del año pasado, los compradores extranjeros no residentes en Japón representaron apenas el 3% del total de adquirentes de apartamentos nuevos en Tokio.
Ante el bajo impacto real, el Gobierno determinó que la presencia extranjera no es el detonante definitivo de la burbuja, aunque prometió seguir investigando el flujo de capitales externos para diseñar medidas efectivas en el futuro.
REGULAR LAS TIERRAS POR SEGURIDAD
Para responder a las preocupaciones de seguridad nacional sin violar los tratados de la OMC, el Gobierno modificará la Ley de Regulación e Investigación de Tierras de Importancia Estratégica.
La normativa actual vigila los terrenos en un radio de un kilómetro alrededor de instalaciones de las Fuerzas de Autodefensa (SDF), exigiendo una notificación previa antes de la compra solo en puntos altamente críticos.
Con la nueva reforma, el proceso migrará hacia un «sistema de permisos» riguroso y se expandirán las facultades de investigación del Estado. La restricción se aplicará a nivel general «sin distinguir nacionalidad».
Las autoridades concluyeron que sancionar únicamente a extranjeros crearía un peligroso vacío legal, ya que los compradores externos podrían evadir la ley utilizando a ciudadanos japoneses como intermediarios o testaferros, anulando la efectividad del blindaje de seguridad nacional. (RI/AG/IP/)
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