El senador de la formación ultraconservadora Sanseito, Sohei Kamiya, exigió formalmente la creación de un registro obligatorio para exponer públicamente el historial de naturalización de cualquier candidato a cargos de elección popular.
La iniciativa fue interpretada de inmediato por analistas políticos como una estrategia de exclusión política diseñada para estigmatizar y restar legitimidad a sus adversarios de origen extranjero, un planteamiento que obligó a la primera ministra, Sanae Takaichi, a intervenir de forma directa en defensa del orden constitucional.
Durante su intervención en el Comité Nacional de Política Básica del Congreso japonés, Kamiya justificó la medida bajo la premisa de combatir la presunta interferencia de fuerzas extranjeras en las instituciones locales niponas. Para ello, citó el caso judicial de Irene Wang, alcaldesa naturalizada de origen chino en California, Estados Unidos, quien fue imputada por realizar operaciones de propaganda pro-Pekín.
PROPUESTA RELACIONADA A UNA LEY ANTIESPIONAJE
Basado en este precedente, el líder de Sanseito demandó la discusión de una ley anti-espionaje que obligue a los aspirantes políticos a transparentar su trasfondo familiar y migratorio, argumentando que es un insumo necesario para el criterio de los votantes, una postura que sus detractores señalan que lleva la discriminación institucional a un nivel sin precedentes al sembrar sospechas sistemáticas sobre la lealtad de los ciudadanos de origen extranjero.
Ante la gravedad del planteamiento, la primera ministra Takaichi frenó la propuesta advirtiendo de manera tajante que este tipo de exigencias pone en riesgo los principios democráticos fundamentales del país.
La jefa de gobierno recordó que cualquier medida que segregue a los representantes públicos según su origen étnico vulnera directamente el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución de Japón.
Takaichi enfatizó que un ciudadano naturalizado es legal y legítimamente un japonés con plenitud de derechos individuales, lo que incluye tanto el derecho al sufragio activo como el derecho inalienable a postularse y ser elegido en los comicios, por lo que clasificar a los políticos según su historial migratorio resulta inadmisible para la salud democrática del Estado.
UN NACIDO EN CHINA APOYA A KAMIYA
Pese a la advertencia del Ejecutivo sobre el peligro de vulnerar los derechos humanos, el debate sumó una postura controversial desde la propia bancada de oposición.
El legislador de la Cámara de Consejeros por el partido Nippon Ishin no Kai, Seki Hei, nacido en China y naturalizado japonés, manifestó públicamente su respaldo a la polémica iniciativa de Kamiya.
El parlamentario argumentó que la divulgación del trasfondo personal no entra en contradicción con sus derechos políticos y que los funcionarios públicos de alto nivel deben someter su pasado al escrutinio abierto, una declaración que ha encendido las alarmas entre las agrupaciones de derechos civiles, las cuales denuncian que la aceptación de estas narrativas abre la puerta a un trato discriminatorio generalizado en el archipiélago. (RI/AG/IP/)
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