El gobierno japonés difundió su informe anual sobre infracciones a la Ley de Inmigración correspondiente a 2025, con datos que permiten observar en detalle la gestión del control migratorio.
Durante ese periodo, 18.442 extranjeros fueron sometidos a procedimientos de expulsión o salida. De ese total, 13.435 personas, equivalentes al 72,9%, estuvieron vinculadas a trabajo ilegal (trabajo sin permiso), consolidando este fenómeno como uno de los ejes centrales del informe.
La principal infracción detectada fue la permanencia ilegal, con 17.031 casos, lo que representa el 92,3% del total. Este dato confirma que el problema dominante no es el ingreso irregular, sino la permanencia más allá del periodo autorizado.
Por nacionalidades, se registraron personas de 99 países y regiones. Vietnam encabezó la lista con 6.599 casos, equivalente al 35,8% del total, manteniéndose como el grupo más numeroso dentro de los procedimientos migratorios en Japón.
En el ámbito del trabajo ilegal, Vietnam volvió a ocupar el primer lugar con 5.872 personas, el 43,7%. Este fenómeno se extendió a 49 países, aunque con fuerte presencia de naciones asiáticas en los sectores más afectados.
En cuanto a los tipos de residencia, predominan quienes ingresaron con visa de corta estancia (Tanki Taizai), seguidos por prácticas técnicas (Gino Jisshu), actividades específicas (Tokutei Katsudo), estudiantes y residentes, que en conjunto representan el 84% de los casos.
La concentración geográfica también es significativa. La región de Kanto acumuló 10.268 casos de trabajo ilegal, con Ibaraki como la prefectura con mayor número. Agricultura y construcción concentraron el 68,8% de las actividades detectadas.
El sistema japonés contempla dos vías de salida: expulsión forzada (Taikyo Kyosei) y salida voluntaria con orden (Shukkoku Meirei). En 2025, un total de 17.352 personas abandonaron el país mediante estos mecanismos, lo que supone una ligera disminución interanual.
Dentro de las expulsiones forzadas, que alcanzaron 7.563 casos, la mayoría correspondió a salidas costeadas por los propios afectados. En total, 6.677 personas, el 88,3%, asumieron los gastos de su retorno, frente a 823 casos financiados por el Estado.
Entre los traslados cubiertos con fondos públicos, 318 personas fueron deportadas con escolta oficial. Turquía encabezó estos casos con 71 personas, seguida por Filipinas con 46, Sri Lanka con 44, China con 25 y Vietnam con 20.
El informe también señala que, dentro de los casos con escolta, se incluyeron nueve menores de edad. Este dato introduce un componente sensible dentro de las deportaciones, reflejando situaciones de mayor complejidad en la gestión migratoria.
En paralelo, 529 personas permanecían detenidas en centros migratorios al cierre del año. Vietnam registró 172 casos, mientras Camerún y Ghana mostraron aumentos significativos, evidenciando una diversificación en los perfiles de detención.
Asimismo, 3.369 personas tenían orden de expulsión firme al finalizar 2025. Este aumento se vincula a una mayor tramitación de solicitudes de asilo y a un incremento en la emisión de órdenes durante los últimos meses del año.
El informe incluye además medidas como permisos especiales de residencia y reducción del periodo de prohibición de reingreso, orientadas a incentivar salidas voluntarias y gestionar casos bajo criterios legales y humanitarios. (International Press)
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