El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón emitió una nueva notificación oficial para corregir un malentendido generalizado entre clínicas y hospitales del país respecto al cobro de sobrecargos por la cancelación de citas, un sistema regulatorio que está programado para entrar en vigor en junio.
La medida administrativa fue tomada de urgencia luego de que se difundiera una errónea interpretación que sugería que todos los pacientes sin excepción estarían obligados a pagar penalizaciones por la cancelación de consultas a última hora debido a motivos personales.
El origen de la controversia se remonta a marzo de este año, cuando el ministerio notificó una enmienda a los lineamientos de la atención médica seleccionada, fijando su implementación para el 1 de junio.
Dicha reforma estipulaba que los hospitales y clínicas podrían exigir un cargo por cancelación bajo condiciones estrictamente delimitadas. Sin embargo, la ambigüedad en la redacción inicial provocó que los centros de salud asumieran erróneamente que tenían la facultad de recaudar estas compensaciones de manera universal de cualquier usuario, incluyendo aquellos casos donde no se contemplaban costos de reserva de forma anticipada.
Ante la confusión, el ministerio aclaró hoy que el marco legal afecta única y exclusivamente a las instituciones médicas que hayan registrado de manera oficial ante el Estado la introducción de un sistema de tarifa de reserva (Yoyakuryo).
Por consiguiente, la penalización económica se aplicará de forma restrictiva a los pacientes que reserven una consulta bajo la premisa explícita de abonar dicho cargo de apartado y que, posteriormente, decidan cancelar el servicio por causas particulares justo antes de la fecha pautada.
El nuevo texto normativo utiliza de manera específica la designación «consulta basada en reservas dentro de la atención médica seleccionada» para esclarecer que este esquema difiere por completo de las citas ordinarias del sistema de salud general.
El ministro de Salud, Kenichiro Ueno, extendió una disculpa pública por la falta de claridad en el documento original de marzo, admitiendo que la terminología empleada dio pie a que se interpretara como una autorización para penalizar las citas en la medicina general, generando un desorden innecesario en los centros de atención médica que requería ser enmendado de inmediato. (RI/AG/IP/)
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