El Gobierno de Japón puso en marcha este jueves la Agencia Nacional de Inteligencia (Kokka Johokyoku), un nuevo organismo destinado a fortalecer la capacidad de inteligencia del Estado y acelerar el estudio de una legislación para prevenir el espionaje. Paralelamente, celebró la primera reunión del Consejo Nacional de Inteligencia, presidido por la primera ministra Sanae Takaichi.
El Ejecutivo también inició la elaboración de la primera Estrategia Nacional de Inteligencia, que establecerá las directrices de las actividades de inteligencia del país.
NUEVO ÓRGANO DE SEGURIDAD
El Consejo Nacional de Inteligencia quedó integrado por nueve ministros: el jefe del Gabinete, los titulares de Justicia, Relaciones Exteriores, Finanzas, Economía, Comercio e Industria, Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo, Defensa, además del presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y el ministro encargado de Servicios Financieros.
La primera ministra podrá ampliar o reducir la participación de ministros según los asuntos que se traten.
El Consejo analizará y definirá las políticas básicas para responder a amenazas contra la seguridad nacional, incluidas las actividades de inteligencia de otros países y el espionaje extranjero.
REEMPLAZÓ A LA OFICINA DE INTELIGENCIA
La nueva Agencia Nacional de Inteligencia asumió las funciones de secretaría del Consejo y fue creada mediante la reorganización y elevación de rango de la Oficina de Investigación e Inteligencia del Gabinete.
El organismo contará con una plantilla de aproximadamente 730 funcionarios, similar a la de la antigua oficina.
El exdirector de Inteligencia del Gabinete, Kazuya Hara, fue nombrado primer director de la nueva agencia.
PREOCUPACIÓN POR LA PRIVACIDAD
Durante el debate parlamentario de la ley que creó el Consejo Nacional de Inteligencia, aprobada en mayo, legisladores expresaron preocupación por la protección de los datos personales, el respeto a la privacidad y la necesidad de garantizar la neutralidad política de las actividades de inteligencia.
El Gobierno reconoció que uno de los principales desafíos será impedir que las nuevas funciones de inteligencia vulneren los derechos fundamentales de la población mientras fortalece la capacidad del Estado para responder a amenazas contra la seguridad nacional y combatir el espionaje. (RI/AG/IP/)
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