La familia de un japonés de 47 años que se quitó la vida tras perder el contacto con su hijo mayor luego de su divorcio ha presentado una demanda civil contra el Municipio de Kawasaki y su exesposa.
Los demandantes solicitan una indemnización por daños y prejuicios (songai baisho) que asciende a un total aproximado de 230 millones de yenes (aprox. 1.443.000 dólares) ante la sucursal de Kawasaki del Tribunal del Distrito de Yokohama.
De acuerdo con los abogados defensores, este de litigio representa el primer caso en la historia jurídica de Japón en que se busca dirimir la responsabilidad de una administración pública por la separación forzosa de un menor de edad.
Según los detalles consignados en el texto de la demanda, la relación entre la pareja sufrió un severo de deterioro en la convivencia diaria y en los criterios de crianza poco después del nacimiento de su hijo. Ante esta situación, la esposa acudió a las oficinas municipales de Kawasaki para solicitar asesoramiento sobre una separación formal, alegando ser víctima de acoso psicológico o maltrato moral.
En el transcurso de estas consultas, el personal del municipio presuntamente sugirió e instruyó a la mujer sobre un mecanismo para tramitar el traslado escolar del menor a través de la junta de educación local sin necesidad de actualizar su certificado de residencia, una maniobra administrativa diseñada específicamente para impedir que el esposo descubriera la ubicación del nuevo domicilio.
La esposa ejecutó los procedimientos institucionales recomendados y se mudó junto al menor en marzo de 2024, manteniendo desde ese momento una postura de rechazo absoluto ante cualquier solicitud de visita directa por parte del progenitor.
En noviembre de ese mismo año, el hombre fue hallado sin vida en su residencia. En el interior de su nota de despedida, el fallecido plasmó el profundo sufrimiento psicológico derivado del aislamiento, describiendo que la imposibilidad de ver a su hijo le causaba un dolor agónico, similar a sentir cómo sus nervios eran devorados por completo.
Los familiares sostienen ante el tribunal que la gestión del traslado escolar efectuada por el municipio carecía de sustento legal válido, constituyendo un acto ilícito que vulneró directamente el ejercicio legítimo de la patria potestad del padre. (RI/AG/IP/)
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