El Gobierno de la Prefectura de Ibaraki puso en marcha hoy oficialmente el Sistema de Recompensas por Denuncias de Empleo Ilegal (Fuho Shuro Tsuho Hoshokin Seido). La iniciativa busca recolectar información sobre empresas y empleadores que contraten a ciudadanos extranjeros sin los permisos laborales correspondientes.
Bajo este nuevo esquema, la prefectura otorgará una recompensa de 10.000 yenes por cada información proporcionada que resulte en una detención efectiva por parte de las autoridades policiales. El formulario de denuncia ha sido habilitado en el sitio web oficial de la prefectura desde la mañana de hoy lunes.
La medida responde a una problemática persistente en la región. Según datos oficiales del gobierno de Ibaraki, durante el año pasado se identificaron 3.518 ciudadanos extranjeros en situación de empleo ilegal dentro de la prefectura. Esta cifra sitúa a Ibaraki como la región con mayor número de casos a nivel nacional por cuarto año consecutivo, lo que ha impulsado a la administración local a endurecer las medidas de control.
DELACIÓN CONTROVERTIDA
La implementación del sistema no ha estado exenta de conflictos. Grupos de ciudadanos y organizaciones de derechos humanos se manifestaron hoy frente a las oficinas de la Prefectura de Ibaraki para exigir la cancelación del programa. Los opositores argumentan que esta política podría fomentar la discriminación contra la población extranjera y deteriorar la convivencia social.
Ante estas críticas, el gobierno prefectural ha emitido una aclaración técnica sobre el alcance de las denuncias. Las autoridades enfatizaron que el objetivo exclusivo son los empleadores o empresas y no los individuos por sus atributos personales.
Para evitar abusos o reportes malintencionados, la prefectura subrayó que quedan fuera del sistema los siguientes supuestos:
– Denuncias basadas en la apariencia física o nacionalidad de las personas.
– Quejas relacionadas con problemas de convivencia diaria, como el ruido o infracciones en las reglas de eliminación de basura.
– Reportes que no incluyan evidencia vinculada a la actividad laboral ilícita de una entidad comercial.
(RI/International Press)
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