La sesión plenaria de la Cámara de Consejeros aprobó la revisión de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados. La legislación salió adelante gracias al respaldo mayoritario del Partido Liberal Democrático (Jiminto), Nippon Ishin no Kai, el Partido Democrático para el Pueblo (Kokumin Minshuto) y el partido Komeito.
Por el contrario, agrupaciones de la oposición como el Partido Democrático Constitucional votaron en contra debido a que la reforma podría acarrear consecuencias severas para los solicitantes de asilo. La nueva norma contempla un drástico incremento en los topes de los costos de tramitación migratoria para ciudadanos extranjeros, fijando un aumento de hasta treinta veces en el techo legal de los aranceles.
Hasta la fecha, los límites máximos para los derechos de gestión se mantenían de forma unificada en 10.000 yenes para tres trámites específicos: 1) la autorización del cambio de estatus de residencia (zairyu shikaku no henko kyoka), 2) la renovación del período de estadía (zairyu kikan no koshin kyoka) y 3) el permiso de residencia permanente.
Con la entrada en vigor de la enmienda, los techos legales se reajustarán a 100.000 yenes para los dos primeros supuestos, mientras que el tope para la residencia permanente escalará hasta los 300.000 yenes.
Los importes definitivos que se cobrarán a los usuarios se fijarán mediante decretos gubernamentales dentro de dichos márgenes. Actualmente se evalúa una propuesta para elevar los cobros de renovación y cambio —hoy situados entre 5.500 y 6.000 yenes— a un rango de entre 10.000 y 70.000 yenes, tomando los 70.000 yenes como referencia para visados de cinco años.
En el caso de la residencia permanente, el plan contempla subir la tarifa real de 10.000 a 200.000 yenes. La recaudación adicional derivada de estas medidas se destinará de forma íntegra a financiar los gastos de las políticas públicas para extranjeros, según el gobierno japonés.
La reforma legal introduce de igual manera la creación del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje de Japón, conocido por sus siglas en inglés como JESTA. Esta plataforma constituye la versión japonesa del mecanismo estadounidense ESTA y operará bajo el objetivo explícito de «prevenir el ingreso de extranjeros no deseados», según declaraciones de la primera ministra Sanae Takaishi.
A través de este control digital, las autoridades migratorias realizarán una inspección previa de los datos de los ciudadanos procedentes de países exentos de visado de corta duración antes de que emprendan su viaje a territorio nipón, reservándose el derecho de denegar el traslado en caso de detectar irregularidades o riesgos potenciales para la seguridad nacional. (RI/AG/IP/)
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