La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón comenzó a proporcionar directamente a todos los municipios los datos personales de extranjeros que se encuentran en proceso de expulsión forzosa y viven en sus comunidades.
La medida incluye nombre, dirección, nacionalidad y fecha de nacimiento, y busca evitar que estas personas queden fuera del conocimiento de las autoridades locales y terminen desaparecidas.
Hasta ahora, la información se proporcionaba al municipio donde residía la persona cuando esta daba su consentimiento. Aunque existía un sistema para notificar los datos sin consentimiento cuando un municipio realizaba una consulta, su utilización era muy limitada.
La iniciativa forma parte del refuerzo de las medidas del Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi contra los extranjeros que permanecen o desarrollan actividades ilegalmente en Japón.
INFORMACIÓN CADA MES
Desde julio, la agencia comenzó a notificar cada mes, mediante un sistema de envío directo, los datos de los extranjeros que pasan a residir en cada municipio mientras se encuentran en un procedimiento de expulsión.
Además, cada junio se enviará a los municipios una lista con los datos de todos los extranjeros sometidos a procedimientos de expulsión que residan en su territorio, para evitar omisiones en las actualizaciones.
La Agencia de Servicios de Inmigración explicó que el objetivo es trabajar con los municipios para establecer un sistema que permita conocer mejor dónde viven estas personas y facilitar una supervisión adecuada.
SIN RESIDENCIA REGISTRADA
La Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados establece que las personas que permanecen ilegalmente en Japón o realizan actividades fuera de las permitidas por su estatus de residencia pueden quedar sujetas a expulsión forzosa.
Sin embargo, la orden de expulsión no implica una deportación inmediata. Durante los procesos de revisión, salida del país o solicitud de reconocimiento como refugiado, estas personas pueden permanecer en Japón.
Algunas pueden vivir en la comunidad mediante la libertad provisional, destinada también a personas que requieren consideración por razones como enfermedades.
También existe el sistema de supervisión, que permite vivir fuera de las instalaciones de detención cuando existe un supervisor, como un conocido, que asume esa función.
Cuando se emite una orden de expulsión, la persona pierde su registro de residencia. Si no autoriza la entrega de sus datos, el municipio puede desconocer dónde vive y tener dificultades para proporcionar servicios como educación obligatoria y vacunación preventiva.
7.722 ÓRDENES EN 2025
Según la agencia, en 2025 se emitieron órdenes de expulsión contra 7.722 extranjeros.
A finales de 2025 había 2.429 personas bajo libertad provisional y 1.546 bajo el sistema de supervisión.
Durante ese año, la libertad provisional fue revocada para 133 personas por motivos como fuga o riesgo de fuga. El sistema de supervisión fue revocado en 60 casos por las mismas razones. (RI/AG/IP/)
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