El nuevo Sistema de notificación de infracciones de tránsito (Kotsu hansoku tsugoku seido) establece que el impago de la multa azul (Ao-kippu) derivará automáticamente en un proceso penal.
Los infractores mayores de 16 años tienen un plazo de siete días para abonar la multa administrativa (Hansokukin). Si el pago se realiza a tiempo, el expediente se cierra definitivamente.
«Al pagar la sanción, no se imponen castigos penales ni quedan registros de antecedentes», confirmó la Agencia Nacional de Policía. Sin embargo, el rechazo del pago activa la vía judicial.
Si el caso llega a la fiscalía, el riesgo de obtener un antecedente penal se vuelve una realidad. Una condena resultaría en multas superiores al monto administrativo original.
Expertos advierten que el proceso puede terminar en una sentencia de culpabilidad registrada formalmente. Esto ocurre tras el envío del caso y la posterior acusación ante un tribunal de justicia.
El sistema busca frenar el uso del teléfono móvil (Nagara sumaho) y el ingreso a cruces ferroviarios cerrados. En estos casos de peligro extremo, la policía entrega la notificación de forma inmediata.
Para menores de 16 años, la policía aplica únicamente una advertencia instructiva. El proceso penal se reserva para adultos que ignoren los plazos legales de pago de siete días.
Un desafío para la autoridad es la identificación de infractores sin documentos. La labor policial requiere ahora el mismo esfuerzo que la detención de un conductor de automóvil convencional.
La efectividad de la norma depende de la capacidad operativa para mantener un control estricto. Sin personal constante, el mecanismo de disuasión contra la conducción peligrosa podría perder su impacto. (RI/AG/IP/)
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
