El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón ha dado un paso decisivo hacia la igualdad. Un panel del Consejo de Política Laboral presentó un informe exhaustivo que propone reformar el sistema actual de pensiones de compensación para supervivientes. La propuesta central busca eliminar las diferencias de requisitos que hoy discriminan a los hombres frente a las mujeres tras el fallecimiento de su cónyuge por causas laborales.
Actualmente, el acceso a esta pensión vitalicia depende del sexo del sobreviviente. Mientras una viuda puede recibirla sin importar su edad, el viudo debe tener al menos 55 años o padecer una discapacidad específica. El nuevo informe técnico califica esta disparidad como inadecuada y solicita formalmente la eliminación del requisito de edad para los esposos.
La reforma también transformará el método de cálculo de los beneficios. Se propone eliminar la «asignación especial» que hoy solo beneficia a viudas mayores de 55 años o con discapacidades. Bajo la nueva normativa, el pago se unificará para todos los beneficiarios, incluyendo hijos y esposos, garantizando el equivalente a 175 días del salario diario del fallecido, en lugar de los 153 días actuales para quienes no recibían el bono.
Este cambio legislativo no solo busca equidad, sino también ampliar la red de seguridad social. El Ministerio planea incluir obligatoriamente en el seguro contra accidentes laborales a las empresas de los sectores agrícola, forestal y pesquero. Hasta ahora, muchas pequeñas explotaciones agrícolas con menos de cinco empleados permanentes operaban bajo un esquema de afiliación voluntaria.
Se estima que esta medida incorporará a unos 120.000 nuevos establecimientos al seguro obligatorio. Además, la reforma extenderá la protección a enfermedades profesionales graves. El plazo de prescripción para reclamar beneficios por afecciones cerebrales, cardíacas, mentales o derivadas del amianto se ampliará de dos a cinco años, otorgando más tiempo a las familias para buscar justicia.
Finalmente, el Gobierno fortalecerá la supervisión de las organizaciones de inscripción especial para trabajadores autónomos y contratistas independientes. La ley definirá requisitos estrictos sobre su estabilidad financiera y capacidad administrativa. Con este conjunto de reformas, Japón busca modernizar su legislación laboral para adaptarla a la realidad social del siglo XXI y proteger a quienes sostienen la economía del país.
Respecto a los descendientes de los trabajadores fallecidos, el nuevo esquema también plantea mejoras significativas en su protección económica. Al unificarse el monto de la prestación, los hijos podrán acceder directamente al pago de 175 días del salario base diario del progenitor, eliminando las restricciones que antes limitaban este monto superior solo a ciertos perfiles de beneficiarios. Esta medida asegura que el sistema priorice el sustento de los menores en condiciones de igualdad, fortaleciendo el apoyo financiero para su desarrollo futuro. (RI/AG/IP/)
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