La Justicia peruana condenó hoy al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión. El exmandatario, de 56 años, deberá continuar cumpliendo la pena en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde diciembre de 2022, cuando intentó dar un golpe de Estado.
El fallo fue emitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial, que respaldó la acusación presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Según la sentencia, Castillo incurrió en responsabilidad penal al intentar disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia mediante un mensaje televisado, en un acto que el tribunal calificó como un quiebre del orden constitucional.
La sentencia también alcanzó a exintegrantes del entonces gabinete. La ex primera ministra Betssy Chávez (36) y el exministro del Interior Willy Huerta (63) recibieron la misma pena que Castillo. En ambos casos se dispuso que la ejecución de la condena quede suspendida mientras se tramiten posibles apelaciones. No obstante, el tribunal ordenó la captura inmediata de Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. El exjefe del Consejo de Ministros y asesor de Castillo, Aníbal Torres (82) fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión, con suspensión de ejecución hasta concluya su apelación.
Los hechos se remontan al 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció a través de la televisión oficial la “disolución temporal” del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”. Ninguna de las instituciones militares o policiales respaldó la orden, lo que permitió la detención inmediata del entonces presidente. Para el Ministerio Público, la acción fue planificada y se produjo en un contexto de presión política por investigaciones y un proceso de vacancia en curso.
El caso marca uno de los pronunciamientos judiciales más relevantes en el Perú en materia de preservación del orden democrático y la responsabilidad penal de altos funcionarios, aunque la sentencia sea mucho menor de lo que pedía la Fiscalía, que era una pena de cárcel superior a los 30 años. (RI/AG/IP/)
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
