A partir del 13 de enero del próximo año, Japón pondrá en marcha un sistema mediante el cual las víctimas de delitos y sus familiares podrán recibir asistencia legal integral a cargo del Estado. La medida, establecida por un decreto aprobado ayer en el Consejo de Ministros, deriva de la ley modificada el año pasado que amplía los derechos de las víctimas en el ámbito judicial.
El programa abarcará a personas afectadas por delitos graves como homicidio, asesinato con robo, y delitos sexuales, así como a sus familiares. Además, el decreto amplía la cobertura a víctimas de lesiones, agresiones con robo o accidentes graves causados por conducción peligrosa, siempre que requieran tratamientos médicos superiores a tres meses, incluyendo atención psicológica, o presenten secuelas graves como pérdida de visión o amputaciones.
Con la entrada en vigor de esta medida, abogados contratados por el Centro de Apoyo Judicial de Japón (Hoterasu) podrán, financiados con fondos públicos, encargarse de tareas como la redacción y presentación de denuncias, acompañamiento a las víctimas ante organismos de investigación, negociaciones de acuerdos con el agresor, asistencia en audiencias judiciales, presentación de demandas civiles y solicitud de compensaciones económicas.
REQUISITOS
La ley establece que la ayuda estará destinada únicamente a aquellas víctimas o familiares cuya situación económica pueda dificultar el mantenimiento de su vida diaria debido al incidente. El Ministerio de Justicia analiza que solo puedan acogerse al sistema quienes, tras descontar gastos médicos y otros tratamientos, dispongan de efectivo o ahorros por debajo de los 3 millones de yenes. Este criterio será confirmado antes de la fecha de implementación.
Este nuevo marco legal busca reducir la carga económica y emocional de las víctimas de delitos. Hasta ahora, la Federación Japonesa de Abogados realizaba este tipo de asistencia a través de contribuciones especiales y mediante contratos con Hoterasu, pero se consideró necesaria una financiación estable a través de fondos públicos para garantizar la continuidad y alcance de los servicios. (International Press)
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