El lunes 4, millones de habitantes de Lima y Callao se acostaron creyendo que el martes 5 sería un día normal de trabajo o estudios.
Cuando se despertaron al día siguiente, descubrieron atónitos que no podían salir de casa porque el gobierno de Pedro Castillo había decretado un toque de queda, en vigor desde las 2 de la mañana hasta la medianoche del martes, 22 horas de encierro.
Una medida desproporcionada e insólita, sin precedentes, que los residentes en la capital peruana no habían vivido nunca, ni en las peores épocas del terrorismo o la pandemia, y que generó un masivo repudio en la ciudadanía.
El toque de queda implantado por el gobierno -cerca de la medianoche del lunes, con la mayor parte de la población durmiendo- fue una muesca más en la kilométrica lista de medidas improvisadas e ineficaces del gobierno peruano.
La medida fue tan improvisada que poco después de las 5 de la tarde del martes 5, el presidente Castillo anunció súbitamente su anulación.
El gobierno decretó el encierro de los 10 millones de habitantes de la capital peruana arguyendo que supuestos informes de inteligencia habían alertado de posibles saqueos en Lima y Callao.
Si, como sostiene el gobierno, la medida era necesaria para mantener el orden público, ¿por qué se dejó sin efecto cuando aún restaban casi 7 horas para que caducara?
Si el gobierno adoptó la draconiana medida para preservar la tranquilidad en la ciudad, logró el efecto contrario, pues miles de personas, desafiando el toque de queda, salieron a las calles para protestar, la mayoría pacíficamente, pero algunos en forma violenta.
En el centro de Lima hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que usó gases lacrimógenos para dispersarlos. Hay policías heridos y las sedes del Poder Judicial y el Ministerio Público han sufrido daños.
Lo paradójico de la situación es que hasta el lunes 4, salvo incidentes aislados, en Lima había calma mientras el resto del Perú andaba convulsionado por paros, bloqueos de carreteras y otras medidas de fuerza de transportistas, agricultores y población en general que protestaban contra el alza de los precios del combustible y alimentos, entre otros productos.
Si gran parte de Lima -que hasta entonces no se había sumado a las protestas del resto del país- se levantó contra el gobierno el martes 5 fue por el toque de queda.
Si bien la inmovilización total ha sido derogada, el daño ya está hecho. El gobierno privó a millones de personas de su derecho a trabajar; a los dueños de negocios como los restaurantes (tan golpeados por la pandemia) de su fuente de ingresos; a los niños y jóvenes de sus clases (después de dos años sin presencialidad); y, en general, a diez millones de personas de sus derechos básicos sin una causa que lo justifique.
Mientras tanto, crece el rechazo a un pésimo gobierno que -para muestra, un botón- carece de ministro de Salud (el último fue censurado por el Congreso hace cinco días), un despropósito mayúsculo en un país con más de 200 mil personas fallecidas por la covid-19. Un gobierno conducido por una persona que si algo ha demostrado hasta el hartazgo es incapacidad. (International Press)
