El mismo día en que un juez emitió una orden de impedimento de salida de Perú durante 18 meses contra él, el expresidente Alan García, investigado por corrupción, ingresó en la noche en la residencia del embajador de Uruguay en busca de asilo.
Al día siguiente, domingo, el embajador uruguayo comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú la solicitud de asilo y la noticia se hizo pública generando gran sorpresa y -en muchos casos- indignación por la decisión de García, cuya maniobra se entiende como una manera de eludir la acción de la justicia.
El presidente del Perú, Martín Vizcarra, aclaró a través de Twitter: “No existe persecución política en el Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales”.
García es investigado como sospechoso de los delitos de lavados de activos y colusión agravada. El fiscal José Domingo Pérez sostuvo que el exgobernante habría favorecido a la empresa brasileña Odebrecht durante su periodo presidencial (2006-2011) en el caso del Tren Eléctrico.
Tras dictaminarse el impedimento de salida, García tuiteó: “Nos allanamos para que nadie piense que ocultamos algo. Y para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria y apoyar al Aprismo”. (International Press)
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