Keiko Fujimori será encarcelada durante 36 meses por mandato del juez Richard Concepción Carhuancho, que dictaminó prisión preventiva contra la excandidata presidencial.
El magistrado justificó su decisión alegando no tanto peligro de fuga como el riesgo de obstrucción de la justicia, evidenciada en una serie de acciones contra los administradores de justicia en el país.
Para el juez, hay “sospecha grave” de lavado de activos y la existencia de una organización criminal dentro de Fuerza Popular (FP) para captar fondos ilícitos y alcanzar el poder político con el fin de cometer actos de corrupción.
El juez hizo hincapié en establecer diferencias entre FP, el partido político, y la organización criminal que se formó dentro de él y que funcionaba de manera paralela. La cúpula estaba integrada por Keiko Fujimori, sus asesores Ana Herz y Pier Figari y el empresario Vicente Silva Checa, según el juez.
Concepción utilizó la conocida frase “No hay lonche gratis” para explicar que la empresa brasileña Odebrecht realizó aportes al partido de Fujimori en 2011 con el fin de obtener beneficios económicos si la excandidata presidencial llegaba al poder.
El juez citó los chats de un grupo de congresistas de FP, Fujimori y sus asesores como muestra del funcionamiento de la presunta organización criminal, que maniobraba a favor o en contra de jueces y fiscales de acuerdo con sus intereses.
Para Concepción existía peligro de fuga y reseñó hechos que a su juicio muestran la intención de Fujimori de obstaculizar la labor de la justicia.
El fiscal José Domingo Pérez solicitó la encarcelación de Fujimori por lavado de los aportes a la campaña presidencial de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), alegando peligro de fuga y obstrucción de la justicia.
Según el fiscal, la excandidata usó su partido para lavar dinero. Fujimori encabezaba una organización criminal que se infiltró en la estructura de Fuerza Popular y cuyo objetivo era conquistar el poder político.
El aporte de 1,2 millones de dólares de Odrebrecht fue ocultado a través de aportantes falsos, transacciones financieras fraccionadas y actividades proselitistas como rifas y cocteles, según la acusación.
Fujimori desestimó los argumentos del fiscal para solicitar prisión preventiva. Afirmó que tiene arraigo laboral y domiciliario (mencionó que sus dos hijas estudian en un colegio en Lima), que no existe peligro de fuga y que siempre ha colaborado con la justicia, negando que hubiera obstrucción de su parte.
Por su parte, la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, dijo que las acusaciones del fiscal se sustentan en suposiciones y que ningún ciudadano puede ir a prisión por testimonios no corroborados. No se puede jugar con la libertad de una persona, se llame como se llame, añadió.
Loza negó que su clienta liderase una organización criminal y aseguró que jamás recibió dinero de procedencia ilegal.
Fuerza Popular parece desmoronarse. Su secretario general, José Chlimper, renunció al cargo y el congresista Rolando Reátegui, a través de una carta dirigida a Fujimori, dijo: “Ante el desamparo de la alta dirigencia del partido me he visto en la necesidad de decir toda mi verdad ante la Fiscalía” .
“Al ver que la lealtad se ha roto por parte del líder, prioricé la lealtad hacia mi familia; mi esposa, hijos, amigos y dirigentes que confiaron en mí, como yo confíe en la líder en su momento”, añadió.
Hace poco, además, renunció el parlamentario Francesco Petrozzi alegando diferencias “ideológicas. Tres voceras del Fuerza Popular en el Congreso cuestionadas por sus propios partidarios se apartaron del cargo y el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, solicitó una licencia del partido para ejercer, dijo, con más objetividad su puesto. (International Press)
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