A los partidos de oposición en Japón no les gusta la prisa con la que el gobierno quiere crear una nueva categoría de visado en abril 2019 para expandir el número de trabajadores extranjeros en el país.
El tema se debatirá en la sesión extraordinaria de la Dieta que será convocada el 24 de octubre.
La oposición quiere que el asunto se debata ampliamente, revela Asahi Shimbun.
Hajime Yoshikawa, representante del Partido Socialdemócrata, dijo que la introducción del nuevo estatus de residencia “es un tema es muy importante que debe ser discutido en más de dos o tres sesiones de la Dieta mientras se escuchan las opiniones de varios sectores del público».
Pese a la trascendencia de la iniciativa, la coalición gobernante está considerando no designar el proyecto de ley necesario para implantar el programa como muy importante.
Cuando un proyecto de ley es calificado como muy importante, el primer ministro de Japón debe asistir al menos a una sesión en la que se discuta el tema.
A la oposición le preocupa que el gobierno busque empujar el proyecto sin debatirlo a fondo.
«Esto no es simplemente una cuestión de abrir las puertas de Japón a los extranjeros como trabajadores», advirtió Kiyomi Tsujimoto, legisladora del Partido Democrático Constitucional de Japón.
«Hay mucha ambigüedad entre los puntos fundamentales de la propuesta, como las cuestiones de derechos humanos y la dirección en la que el gobierno quiere conducir a la nación», añadió.
Por su parte, Kazuhiro Haraguchi, del Partido Democrático para el Pueblo, dijo que la iniciativa del gobierno es una “ley de inmigración” que “no debe ser aprobada sin debate entre el público».
Mientras tanto, Nobuyuki Baba, secretario general del Partido de la Innovación, advirtió: «Si las puertas simplemente se abren sin un diseño adecuado para el sistema, surgirán problemas después de varias décadas».
Otros opositores han puesto el foco en la prohibición de llevar a familiares a Japón. En algunos casos, los trabajadores extranjeros podrían estar separados de sus familias durante una década.
Akira Koike, del Partido Comunista de Japón, dijo que la iniciativa del gobierno es «extremadamente discriminatoria» y viola los derechos humanos.
Asahi revela que el gobierno está considerando que 14 sectores se beneficien del aporte de los trabajadores extranjeros, entre ellos: cuidado de personas, construcción, agricultura, hotelería y construcción naval.
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