El Ministerio de Justicia de Japón anunció el endurecimiento de sus procesos de selección de solicitantes de asilo, informó Japan Times.
Las nuevas medidas buscan frenar el alud de solicitudes por parte de extranjeros cuyo verdadero objetivo es conseguir trabajo en Japón, según el ministerio.
Actualmente, todos los extranjeros en busca de refugio pueden comenzar a trabajar seis meses después de presentar su solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta que las autoridades niponas emitan su fallo final. (Los solicitantes son informados de sus resultados en un promedio de 9,9 meses. El proceso de apelación lleva casi dos años).
Sin embargo, el ministerio dijo que desde el lunes restringirá el permiso de trabajo para evitar el aprovechamiento indebido del sistema.
Bajo las nuevas reglas, el ministerio dividirá a los solicitantes en tres categorías y otorgará permisos de trabajo a aquellos que considere que tienen una gran probabilidad de ser reconocidos como refugiados.
Mientras que quienes no cumplen con los criterios de la convención de refugiados de 1951 (por ejemplo, aquellos que solo buscan el permiso para trabajar o que solicitan el estatus de refugiado por problemas financieros), podrían enfrentar la deportación.
La Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, define al refugiado como “una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento”.
Actualmente, aquellos que solicitan el estatus de refugiado tres veces sin motivos legítimos pueden ser deportados o enviados a un centro de detención. Bajo las nuevas reglas, un extranjero que solicita por primera vez acogerse al estatus de refugiado, si no cumple con los requisitos de la convención de 1951, podrá ser deportado.
El ministerio tampoco otorgará permisos de trabajo temporales a los que vienen a Japón con visa de estudiante o como parte del programa de capacitación técnica para aprendices extranjeros y que, luego, cuando expiran sus visas, presentan una solicitud para ser reconocidos como refugiados.
En declaraciones recogidas por Japan Times, Eri Ishikawa, presidente de la junta de la Asociación Japonesa para los Refugiados, expresó su temor de que la restricción en el otorgamiento de los permisos de trabajo pueda perjudicar especialmente a aquellos que enfrentan dificultades económicas.
«Para que puedan sobrevivir, necesitarán desesperadamente apoyo financiero o permiso de trabajo», dijo Ishikawa.
Por su parte, el abogado Shogo Watanabe, que dirige la Red de Abogados de Japón para los Refugiados, puso en duda que la Oficina de Inmigración disponga de suficiente personal para categorizar rápidamente a los numerosos solicitantes y determinar quiénes cumplen los requisitos de la convención de 1951.
En 2016, Japón otorgó el estatus de refugiado a solo 28 personas de un total de 10.901 solicitantes, una cifra récord.
En 2017 la mayor parte de solicitantes provino de países como Filipinas, Vietnam, Sri Lanka, Indonesia y Nepal. (International Press)
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