El Gobierno español asumió hoy la coordinación de todas las fuerzas de seguridad en Cataluña para impedir la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre, una decisión que no acepta el Gobierno regional catalán por considerarla una «injerencia» en su autonomía.
La decisión se tomó a petición del fiscal superior de Cataluña, después de que esta semana una multitud se concentrara en las calles para protestar por las detenciones de diversos cargos públicos del Gobierno catalán relacionados con la organización de la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional.
El Ministerio de Interior asume así la coordinación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía autonómica catalana (Mossos d’Esquadra), que pone en manos de un coronel de la Guardia Civil, como «director técnico».
La orden llega apenas 24 horas después de que Interior comunicara a las autoridades catalanas el traslado de más policías nacionales y guardias civiles para apoyar a los «mossos» a mantener el orden público.
Ante esta decisión, el Gobierno regional de Cataluña anunció este sábado que no acepta «esta injerencia del Estado», en palabras del consejero de Interior catalán, Joaquim Forn.
«El Estado pretende dirigir los operativos policiales de Cataluña a través de un alto cargo del ministerio del Interior del Gobierno español y esto es un hecho inaceptable», afirmó Forn en una declaración oficial.
Forn denunció la intención del Ejecutivo central de «intervenir a los Mossos d’Esquadra tal y como se ha hecho con las finanzas de la Generalitat de Cataluña (Ejecutivo catalán)».
El pasado 15, el Gobierno central intervino las cuentas de la administración catalana y asumió el pago de los servicios esenciales en la región, para garantizar que no se desvíen fondos al referéndum independentista, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.
Sin embargo, fuentes de Interior recordaron hoy que la ley española contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público en apoyo de los Mossos.
El ejercicio de esta función corresponde con carácter prioritario a la policía catalana pero, según recoge la citada ley, sin perjuicio de la intervención de Policía y Guardia Civil cuando, «bien a requerimiento de las autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las autoridades estatales competentes».
Se da la circunstancia de que las manifestaciones en Barcelona a favor del referéndum independentista han aumentado desde el pasado día 20, cuando la Guardia Civil, por orden judicial, detuvo a catorce personas, entre ellas altos cargos del Gobierno regional de Cataluña, por participar en la organización de esa consulta.
Ese día, miles de personas se concentraron ante la consejería de Economía del Ejecutivo catalán para protestar por la detención de altos cargos de este departamento, atacaron los coches de la Guardia civil e impidieron durante horas la salida de los agentes del edificio donde realizaban registros.
Durante las dos jornadas siguientes, una multitud se concentró ante los juzgados donde declararon los arrestados, para protestar por la actuación judicial.
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, hizo hoy un nuevo llamamiento al Gobierno catalán para que desista de sus pretensiones de realizar el referéndum, que provoca una «tensión innecesaria en la sociedad».
«Digan que no hay el referéndum que saben que no va a haber», pidió Rajoy a los responsables del Ejecutivo catalán, y subrayó que quienes han puesto en marcha esta dinámica tienen en su mano «la vuelta a la normalidad, a la tranquilidad y a la ley».
También el líder del PSOE -principal grupo de oposición- Pedro Sánchez, defendió hoy la aplicación de la ley, al tiempo que pidió a Rajoy diálogo y una solución pactada para resolver el conflicto político catalán.
«Sin ley no hay salida, pero sin política tampoco», recalcó el líder socialista, quien se preguntó: «¿de qué sirve un Gobierno en España que delega todas sus funciones en los tribunales?».
El Gobierno regional catalán convocó un referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma española para el 1 de octubre próximo, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional de España que lo considera ilegal.
Ese alto tribuna también suspendió el 12 de septiembre la llamada «ley de Transitoriedad» aprobada la semana precedente por el Parlamento regional catalán, que permitiría poner en marcha un nuevo Estado en forma de república y que fue recurrida por el Gobierno de Madrid.
El recurso presentado por el Gobierno español contra esa ley considera esa norma como «la mayor afrenta y amenaza» a las bases sobre las que se asienta la convivencia en España desde 1978 (fecha de la Constitución española) y el «mayor ataque concebible» a los valores democráticos. EFE
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