Demandan al gobierno de Japón para que elimine el sistema My Number

Viola la privacidad de los ciudadanos y es malo para la democracia, afirman

Cerca de 150 personas presentaron demandas ante los tribunales de Japón para exigir al gobierno que deje sin efecto el sistema de identificación My Number, informó Japan Times.

El sistema, que asigna a todos los residentes en Japón un número de doce dígitos para trámites administrativos relacionados con la seguridad social o el pago de impuestos, viola el derecho a la privacidad y es negativo para la democracia, según los demandantes.

My Number es «inconstitucional», sostienen.

La demanda fue interpuesta en tribunales de Tokio, Miyagi, Niigata, Kanazawa y Osaka.

Uno de los demandantes, la exasambelísta de Suginami, Tokio, Taeko Okuyama, hizo notar que el gobierno probablemente ampliará el sistema en el futuro para enlazar My Number con otra información privada, como los registros de salud e historial profesional, y advirtió de que toda la información personal de los ciudadanos “podría ser encapsulada en un solo número que estará bajo el control del gobierno. Nos espera una sociedad muy escalofriante”.

Los demandantes afirman que la violación a la privacidad será inevitable considerando que algunas compañías parecen tener poco conocimiento sobre cómo deben manejar información personal de sus empleados vinculada a My Number.

Los detractores del sistema no olvidan la filtración masiva de datos personales del Servicio de Pensiones de Japón en junio, un presagio de lo que podría ocurrir con los municipios una vez que My Number esté en marcha.

«El gobierno tiene que revisar el sistema antes de que las cosas se salgan de control. No queremos que se repita lo que ocurrió en Corea del Sur y EE. UU., donde las fugas de datos personales y el robo de identificación son enormes problemas sociales», dijo el abogado Seiji Mizunaga.

El gobierno de Japón promueve este sistema para reducir el papeleo y evitar la evasión fiscal o fraudes en la seguridad social.

My Number entrará en vigor en enero de 2016. (International Press)