Se oponen a ley que endurece castigo a filtraciones de secretos oficiales
La mayoría de los japoneses rechaza la nueva ley impulsada por el Gobierno nipón que endurecerá hasta con 10 años de cárcel las filtraciones de secretos oficiales, según una encuesta que publica el diario Mainichi.
El sondeo muestra cómo el 59 por ciento de los japoneses está en contra de la polémica legislación, que todavía debe ser aprobada por el Parlamento, y el 85 por ciento considera que el Ejecutivo la quiere utilizar para ocultar información a los ciudadanos.
El proyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 25 de octubre ha desatado numerosas críticas de ciudadanos, intelectuales y asociaciones de escritores y periodistas que lo consideran un intento de mermar la libertad de expresión y el derecho a la información.
El Gobierno del conservador Shinzo Abe asegura sin embargo que se trata de un «asunto urgente» para Japón y que lo que se pretende es proteger la información confidencial, algo necesario para transmitir confianza en el intercambio de inteligencia con otros países.
De acuerdo con esta ley, aquellos funcionarios que filtren información referente a asuntos de política exterior, defensa, espionaje o actividades terroristas y que se consideren «secretos especiales» podrán enfrentarse a 10 años de cárcel.
Además, los ciudadanos que colaboren con la filtración o difusión de esas informaciones pueden ser condenados a cinco años de prisión.
Según la encuesta realizada entre una muestra de 955 personas entre el 9 y el 10 de noviembre, solo el 29 por ciento de los consultados apoya el endurecimiento de las penas por filtraciones.
La actual ley de 2001 contempla penas de cinco años de cárcel para este tipo de delitos y tan solo se refiere a la información sobre seguridad nacional manejada por el Ministerio de Defensa.
El Gobierno nipón pretende que la legislación sea aprobada por la Dieta (Parlamento) en diciembre, momento en el que se tiene previsto publicar una nueva estrategia de seguridad nacional.
En este sentido, el 75 por ciento de los encuestados cree que la normativa necesita un debate mayor y que no debería ser aprobada con tanta premura.
La norma comenzó a gestarse después de que oficiales del servicio guardacostas publicaran en 2010 en internet un vídeo que mostraba la colisión de dos patrulleras niponas y un pesquero chino cerca de las islas Senkaku, territorio que se disputan Tokio y Pekín. (EFE)
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