El Gobierno de Japón estudia obligar a determinadas empresas e instituciones a informar previamente al Estado antes de compartir o almacenar información personal considerada estratégica. La medida busca reforzar la seguridad nacional ante el riesgo de que grandes volúmenes de datos puedan ser utilizados con fines de inteligencia o espionaje.
La propuesta se aplicaría a organizaciones que gestionan cantidades masivas de información, entre ellas hospitales, bancos y otros operadores que administran datos de millones de personas. Según fuentes cercanas al proceso, varios cientos de entidades quedarían sujetas a las nuevas obligaciones de supervisión.
Entre la información afectada figuran historiales médicos, datos de ubicación, huellas dactilares, reconocimiento facial, información genética completa y registros de transacciones financieras. Las autoridades consideran que estos antecedentes poseen un valor estratégico que va más allá de la protección tradicional de la privacidad.
El plan contempla no solo la entrega de información a terceros, sino también su almacenamiento en servicios externos de computación en la nube y centros de datos. El Gobierno considera que estas operaciones pueden representar riesgos si la información queda expuesta a accesos no deseados o a influencias extranjeras.
Según las fuentes consultadas, el Estado examinaría determinados casos antes de autorizar la transferencia o el almacenamiento de estos datos. La intención es evitar que información sensible pueda ser explotada por actores extranjeros en actividades de inteligencia o en acciones que comprometan la seguridad del país.
Para ello, el Ejecutivo prepara una reforma de la Ley de Promoción de la Seguridad Económica (Keizai Anzen Hosho Suishinho), cuya presentación ante la Dieta Nacional está prevista para el próximo periodo ordinario de sesiones. La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer la protección de recursos considerados estratégicos.
Un panel de expertos iniciará este mes las discusiones sobre el diseño del nuevo sistema. Entre los temas que se analizarán figura la introducción de sanciones para las organizaciones que incumplan la obligación de informar o intenten eludir los mecanismos de control establecidos.
Las deliberaciones también abarcarán a las empresas que operan centros de datos y servicios de nube, cuya participación resulta cada vez más relevante en la gestión de información personal. El Gobierno ha señalado que buscará equilibrar la protección de la seguridad nacional con el normal desarrollo de las actividades económicas. (International Press)
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