
Pequeñas fábricas y comercios en Japón advierten que están al borde de la quiebra por falta de mano de obra, ante una creciente corriente social que rechaza la apertura migratoria y la postura del gabinete de la primera ministra Sanae Takaichi, en un país cuya natalidad anual se redujo a 670.000 nacimientos.
El controvertido Programa de Prácticas Técnicas para Extranjeros (gino jisshu seido), creado formalmente con el pretexto de la «contribución internacional» para transferir habilidades pero utilizado como alivio frente a la escasez laboral, será abolido en abril de 2027.
La reforma legal fija una disolución progresiva hacia el Sistema de Capacitación y Empleo, asumiendo formalmente el objetivo de formar y retener personal. El modelo antiguo desaparecerá definitivamente en 2030 tras un periodo de transición de tres años.
ABUSOS, DEUDAS Y CRISIS DE DESAPARICIONES
El cierre de las prácticas técnicas responde a su severo descrédito. Al prohibir el cambio de empresa, el esquema derivó en bajos sueldos, jornadas abusivas y acoso laboral. Datos de la Agencia de Servicios de Inmigración revelan que solo en 2023 un total de 9.753 practicantes huyeron de sus puestos.
Muchos trabajadores llegaban a Japón atados a cuantiosas deudas por comisiones cobradas por agencias intermediarias en sus países de origen, escapando luego para buscar mejores ingresos. Paralelamente, las empresas niponas abonaban entre 500.000 y un millón de yenes por operario a estas reclutadoras.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas censuró el sistema al señalar que incluía trabajo forzoso y violaba los estándares mínimos. Tras desarticular a los operadores fraudulentos, las fugas cayeron considerablemente.
COLAPSO DE CAPACIDAD DOCENTE
El nuevo sistema permite cambiar de centro laboral bajo pautas específicas, pero impone alcanzar el nivel N5 del Examen de Aptitud del Idioma Japonés (Nihongo Noryoku Shiken) antes de iniciar labores, o cursar 100 horas de capacitación. Tras comenzar a trabajar, el empleado debe alcanzar el nivel N4 en tres años, exigiendo al empleador costear otras 100 horas de enseñanza.
No obstante, el diario Nikkei publicó en primera plana un informe titulado «Capacitación y empleo, escasa capacidad de acogida», advirtiendo que las escuelas de japonés solo pueden acoger a 7.500 personas, amenazando la meta oficial de recibir a 150.000 trabajadores al año.
La carencia de profesores es crítica en Aichi, Saitama y Chiba. Un estudio de la Organización de Cooperación Internacional de Recursos Humanos (JITCO) constató que menos del 20% de los aspirantes domina el nivel N5 al llegar, lo que implica que 120.000 extranjeros requerirán educación lingüística previa.
TEMOR A LA INMIGRACIÓN DEFINITIVA
Grupos opositores denuncian que la capacitación laboral encubre una «inmigración de facto». Mientras las prácticas técnicas imponían el regreso obligatorio tras cinco años, el nuevo formato contempla que los operarios pasen tras tres años a Habilidades Específicas 1 (tokutei gino 1-go), renovable hasta cinco años. Posteriormente pueden ascender a Habilidades Específicas 2 (tokutei gino 2-go), categoría sin límite de permanencia que autoriza la reagrupación del cónyuge y los hijos.
Asimismo, el nuevo marco genera desconcierto en industrias excluidas, al ceñirse únicamente a los 17 rubros de habilidades específicas. Actividades como tintorerías residenciales, operarios de pista en aeropuertos y mantenimiento de calderas quedan fuera.
En la lavandería industrial, un sector que los operarios locales abandonan por las temperaturas extremas —como ocurrió en 2008 tras el campamento de desempleados de Hibiya en Tokio, donde diez japoneses contratados renunciaron a los pocos días—, la producción descansa exclusivamente en manos foráneas.
MESAS VACÍAS POR FALTA DE PERSONAL
En la gastronomía, las solicitudes de visados se suspendieron tras alcanzar el tope fijado de 50.000 personas. Frente a la escasez de estudiantes universitarios para turnos de tiempo parcial, negocios en Tokio admiten su parálisis, según un reportaje de la revista President: «Aunque hay mesas disponibles, no podemos recibir clientes porque no hay personal».
En residencias de ancianos y hospitales, la falta de personal en cocinas obligó al gobierno a reclasificar el servicio de alimentación como manufactura de alimentos para permitir la contratación foránea desde abril de 2027.
Aunque los nacimientos en Japón cayeron a 670.000 al año y la generación con menos de un millón de personas se incorporará al empleo formal en ocho años, el gobierno de Takaichi alista directrices para restringir la presencia foránea y encareció drásticamente los trámites migratorios.
Frente a esta presión económica sobre los estudiantes graduados, el director representativo de la entidad Global Aichi, Yoji Nagasaki, reclamó: «Hay muchos jóvenes excelentes a los que les encanta Japón y quieren trabajar en Japón. Se debe estructurar adecuadamente un mecanismo para que ellos puedan trabajar y vivir en Japón durante mucho tiempo». (RI/AG/IP/)
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