El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el inicio de un arbitraje internacional contra el Reino Unido para frenar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, advirtiendo que acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si Londres no suspende la explotación en un plazo de dos semanas.
A través de la red social X, el mandatario argentino fijó su postura frente a las operaciones en el Atlántico sur: «Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte».
Milei lanzó además una advertencia perentoria: «Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar».
El proyecto energético es impulsado de manera conjunta por la compañía británica Rockhopper y la firma israelí Navitas, con previsiones de iniciar la extracción comercial de petróleo en 2028 en aguas próximas al archipiélago bajo administración británica.
La iniciativa inglesa también enfrentó un revés previo en los tribunales locales, luego de que una jueza argentina ordenara un día antes la suspensión del proyecto tras un requerimiento interpuesto por excombatientes de guerra y organizaciones ambientalistas.
RECLAMO DE SOBERANÍA Y EL FACTOR TRUMP
La medida reactiva la histórica disputa bilateral por la soberanía de las islas, llamadas Falkland por Londres y cuya capital, Stanley, es reconocida como Puerto Argentino por Buenos Aires.
La posesión del archipiélago, bajo dominio británico desde 1833, constituye un punto central de la identidad argentina y desembocó en el conflicto bélico de 1982.
En las últimas semanas, Milei intensificó la estrategia diplomática motivado por los recientes pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la postura de neutralidad histórica que mantiene Washington sobre el litigio.
En sintonía con esta línea, el Ejecutivo argentino envió en septiembre un proyecto de ley al Congreso para agravar las penalizaciones contra la extracción no autorizada de recursos naturales en Las Malvinas y ordenó retomar la construcción de una base militar en Tierra del Fuego.
POSTURA DE LONDRES Y MARCO DE LA ONU
Por su parte, el gobierno británico defendió la potestad de los habitantes de las islas para explotar sus recursos naturales, respaldó a las corporaciones a cargo de las prospecciones y reiteró su rechazo a reconocer la jurisdicción de Buenos Aires sobre el área insular.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) clasifica el caso como un territorio bajo disputa de soberanía e insta de manera formal a ambas partes a abstenerse de ejecutar decisiones unilaterales, exhorto que la administración argentina considera violado por el Reino Unido mediante la entrega de licencias de explotación petrolera. (RI/AG/IP/)
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