La prefectura de Mie publicará los resultados de una encuesta oficial sobre la contratación de funcionarios extranjeros, pese a que un órgano consultivo creado por el propio gobierno prefectural concluyó que las preguntas constituían «discriminación» y recomendó mantener los resultados en reserva.
La consulta, realizada entre enero y febrero a 10.000 residentes por iniciativa del gobernador Katsuyuki Ichimi, buscó conocer la opinión ciudadana sobre la posibilidad de restringir o suspender la contratación de extranjeros para determinados puestos de la administración pública.
CONTROVERSIA LEGAL
Tras la encuesta, un residente extranjero presentó una denuncia al considerar que las preguntas eran discriminatorias porque planteaban la contratación de extranjeros como un problema.
La Comisión de Ajuste para la Eliminación de la Discriminación, creada en virtud de la ordenanza prefectural, concluyó que las preguntas constituían una «discriminación injusta» y recomendó no divulgar los resultados de la encuesta.
Sin embargo, el Gobierno de Mie rechazará oficialmente ese dictamen y sostiene que preguntar sobre la contratación de extranjeros no constituye discriminación.
La prefectura argumenta que diferenciar entre ciudadanos japoneses y extranjeros para determinados cargos públicos no implica una generalización indebida y cita la doctrina jurídica conocida como tozen no hori, según la cual los puestos que ejercen autoridad pública o participan en la formación de la voluntad del Estado pueden reservarse a ciudadanos japoneses.
Las autoridades señalaron además que solicitaron opiniones jurídicas a varios despachos de abogados antes de adoptar esa posición y que explicarán el objetivo de las preguntas al publicar los resultados.
CRÍTICAS DE EXPERTOS
Aunque el dictamen de la comisión no tiene carácter vinculante, especialistas en derecho consideran que el Gobierno prefectural debería respetarlo.
En declaraciones al diario Mainichi, el profesor Hidenori Sakakibara, de la Universidad Nanzan, advirtió que ignorar la recomendación podría transmitir la idea de que los dictámenes de la comisión pueden desatenderse cuando resultan inconvenientes.
Añadió que ello no solo debilitaría el funcionamiento del organismo, sino que también podría enviar el mensaje de que la eliminación de la discriminación y el respeto de los derechos humanos no constituyen una prioridad para las autoridades. (RI/AG/IP/)
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