El gobierno municipal de Kawagoe, en la prefectura de Saitama, emitió una orden de orientación correctiva exigiendo la demolición de una mezquita (mosuku) edificada en terrenos privados sin haber presentado ninguna solicitud ni contar con los permisos de construcción requeridos.
Ante la medida, la empresa de origen paquistaní propietaria del terreno presentó un plan de regularización argumentando que «el edificio ya estaba construido desde el principio», aunque se comprometió a tomar las medidas correspondientes para proceder con su retiro.
El centro de culto islámico, denominado «Japan Jame Masjid Ramzan», ubicado en el sector de Shimoakasaka, celebró su ceremonia de inauguración el pasado 3 de abril, evento que contó incluso con la asistencia del embajador de Pakistán en Japón.
Sin embargo, la División de Orientación de Desarrollo de la ciudad explicó que esta zona es un área de control de urbanización. En estas áreas rurales, que en este caso se extienden a unos cinco kilómetros al sur del centro de Kawagoe rodeadas de campos de vegetales y zonas residenciales, el desarrollo urbanístico está estrictamente restringido y cualquier edificación requiere un permiso especial amparado en la Ley de Planificación Urbana, trámite que fue ignorado por completo.
El conflicto se originó en octubre de 2024, cuando la municipalidad descubrió la existencia de la obra gracias a la denuncia de los vecinos. Para ese momento, el exterior de la estructura estaba prácticamente terminado. Las autoridades exigieron repetidamente la suspensión de los trabajos, pero los funcionarios municipales se toparon con una barrera idiomática y cultural.
Según relató la división encargada, los trabajadores de la obra respondían continuamente con la frase «no entiendo japonés», lo que obligó al personal del municipio a trasladarse al lugar en múltiples ocasiones para advertirles físicamente que estaba prohibido construir allí.
Dado que el edificio carece de registro legal y su propietario directo era desconocido, la ciudad dirigió sus advertencias a los titulares del terreno. En marzo de 2025, los derechos de propiedad de la tierra fueron transferidos de una inmobiliaria de la ciudad de Fujimi a una empresa con sede en esa misma localidad, la cual es presidida por un ciudadano paquistaní.
Finalmente, en marzo de este año, dicha empresa presentó el plan de corrección prometiendo cooperar con el desmantelamiento.
Las autoridades de Kawagoe han sido enfáticas en aclarar que el problema no radica en la naturaleza religiosa del recinto. La municipalidad subrayó que no están penalizando el lugar por ser una mezquita, sino que aplican la ley de orientación correctiva sistemáticamente contra cualquier edificio infractor. (RI/AG/IP/)
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