El líder del partido político Team Mirai, Takahiro Anno, presentó formalmente un proyecto de «subsidios vinculados al ingreso» (shotoku rendo-gata kyufu) diseñado para salvaguardar la economía doméstica de los ciudadanos con menores recursos.
La iniciativa establece un beneficio individual dirigido exclusivamente a personas con un salario anual inferior a los 5,4 millones de yenes, posicionándose como una contrapropuesta directa frente a la estrategia de la coalición gobernante, que aboga por suspender el impuesto al consumo en los alimentos durante un periodo de dos años.
Según los modelos financieros expuestos por la agrupación, un trabajador soltero con un sueldo de 3 millones de yenes al año recibiría una subvención estimada en 40.000 yenes anuales.
Para evitar el denominado desincentivo laboral —un fenómeno en el que los empleados rechazan aumentar sus horas de trabajo o buscar mejores sueldos para no perder el amparo del Estado—, el mecanismo plantea una reducción progresiva y suavizada del subsidio a medida que se incrementen las percepciones del beneficiario.
Anno aclaró que el importe definitivo de las asignaciones fluctuará según el volumen real de recursos financieros que se logren consolidar para el programa.
MEJOR QUE BAJAR A CERO EL IVA
El debate se produce en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Social, un órgano parlamentario multipartidista donde gana fuerza la propuesta de fijar en cero la tasa del impuesto al consumo aplicable a la alimentación básica de forma temporal, como una medida puente previa a la adopción definitiva de deducciones fiscales reembolsables.
No obstante, la exención tributaria de los alimentos demandaría un presupuesto fiscal anual cercano a los 5 billones de yenes. Bajo este escenario, Team Mirai justificó su modelo argumentando que, bajo una escala presupuestaria equivalente, se logra estructurar un sistema que distribuye los fondos de forma más abundante, rápida y certera a los sectores vulnerables.
La formación política mantiene una postura de rechazo hacia las reducciones generalizadas de las tasas impositivas, advirtiendo que las exenciones al consumo terminan favoreciendo en mayor proporción a los sectores con rentas altas y cuestionando su viabilidad real como medida de alivio ante la inflación.
En cuanto a los plazos de ejecución, Anno aseguró que la primera transferencia monetaria podría efectuarse en un plazo de ocho a nueve meses cruzando los datos del impuesto de residencia municipal con las cuentas de registro de dinero público ya existentes en el aparato estatal, una ventaja administrativa que exime al gobierno de tramitar una reforma legal en la Dieta. (RI/AG/IP/)
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