El ministro de Justicia de Japón, Hiroshi Hiraguchi, anunció oficialmente el lanzamiento de un nuevo paquete de políticas públicas de control migratorio denominado «Plan Cero Residentes Ilegales».
Esta iniciativa gubernamental busca endurecer los mecanismos de fiscalización del Estado y potenciar los operativos de detección de empleo no autorizado en el territorio nacional, alineándose con las directrices estratégicas de seguridad interior establecidas por la administración de la primera ministra Sanae Takaichi.
El programa estratégico contempla una expansión de las capacidades operativas de la Agencia de Servicios Migratorios, dotando a este organismo de mayores recursos para el monitoreo sistemático y el análisis de datos en redes sociales.
Las autoridades enfocarán sus esfuerzos en intensificar las sanciones y procesos de clausura contra las empresas y empleadores que faciliten o promuevan activamente el trabajo ilegal. Para mitigar el comercio clandestino de tarjetas de residencia falsificadas detectado en plataformas digitales, la agencia implementará herramientas informáticas especializadas en la recolección de evidencia digital.
Asimismo, la nueva política enfocará sus inspecciones en los centros de acopio y clasificación de materiales reciclables, conocidos en el sector industrial como «yards». Estos recintos dedicados al almacenamiento de chatarra metálica y plásticos han experimentado un crecimiento notable debido al incremento reciente en los precios globales de los metales.
Informes de las fuerzas del orden han señalado de manera reiterada que estos establecimientos periféricos se han convertido en focos de contratación irregular y ocultamiento de mano de obra extranjera indocumentada.
Entre las nuevas medidas del «Plan Cero Ilegales» se incluye también el fortalecimiento de las «patrullas cibernéticas» para analizar exhaustivamente las comunicaciones relacionadas con el empleo ilegal dirigidas a comunidades de inmigrantes en redes sociales.
En 2025, de los extranjeros que fueron sometidos a procedimientos de deportación, se descubrió que 13.435 tenían un trabajo ilegal, lo que representa el 72,9% del total, con un número particularmente alto en la agricultura y la construcción. (RI/AG/IP/)
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