Más de 33.000 personas firmaron una petición contra la construcción de una mezquita en la ciudad de Fujisawa, prefectura de Kanagawa, un caso que reavivó el debate sobre la convivencia con los extranjeros en Japón, en este caso con los musulmanes, y coincide con el endurecimiento de las políticas del gobierno sobre inmigración y adquisición de bienes inmuebles por ciudadanos extranjeros.
El proyecto contempla la construcción de una mezquita en el distrito de Miyahara, con autorización municipal. El promotor es la asociación FUJISAWA MASJID, mientras que la administración del recinto estará a cargo de la corporación religiosa islámica Dar Us Salaam, con sede en Isesaki, prefectura de Gunma.
POLÉMICA EN FUJISAWA
Tras conocerse el proyecto, las redes sociales se llenaron de rumores y afirmaciones de todo tipo, entre ellas que «el islam permite la violación», que la delincuencia aumentaría con la apertura del templo o que musulmanes estaban comprando terrenos alrededor de la futura mezquita.
También se difundió que junto al recinto se construiría un cementerio islámico para entierros, pese a que no existía ningún plan en ese sentido. Incluso circularon versiones de que el agua utilizada para lavar los cuerpos durante los funerales provocaría problemas sanitarios o favorecería la propagación de enfermedades infecciosas.
La campaña reunió más de 33.000 firmas en una plataforma digital contra la construcción de la mezquita.
Durante las sesiones del Concejo Municipal de Fujisawa celebradas en diciembre de 2025 se presentaron más de 40 peticiones y solicitudes, entre ellas la cancelación del proyecto, medidas para evitar congestión vehicular y ruido, la realización de reuniones informativas con los vecinos e incluso la aprobación de una ordenanza que prohibiera los entierros islámicos.
Sin embargo, todas las solicitudes fueron rechazadas por los concejales al considerar que vulneraban la libertad religiosa y podían constituir discriminación contra los extranjeros.
CRECE EL DEBATE
Un gestor inmobiliario citado por la revista Minkabu, sostuvo que el caso refleja el creciente malestar de una parte de la sociedad japonesa frente al aumento de residentes extranjeros.
Según la explicación, muchos japoneses aceptan con relativa naturalidad la llegada de turistas, pero reaccionan de manera distinta cuando los extranjeros se establecen de forma permanente en sus comunidades o construyen instalaciones religiosas.
Se considera que el rechazo suele dirigirse especialmente hacia comunidades musulmanas y ciudadanos asiáticos, debido al desconocimiento de sus costumbres y diferencias culturales. También plantea que un proyecto similar promovido para occidentales probablemente no habría provocado una oposición de la misma magnitud.
MÁS CONTROL SOBRE PROPIEDADES
Al mismo tiempo que el debate social, el gobierno japonés ha comenzado a reforzar los controles sobre la adquisición de inmuebles por extranjeros.
Tras las elecciones generales de febrero de 2026, varios partidos incluyeron en sus programas propuestas para regular la compra de bienes raíces por ciudadanos extranjeros, un verdadero eufemismo si todos saben que la regla fue creada para los chinos.
Desde enero de este año, el gobierno también impulsa la identificación de la nacionalidad de quienes solicitan ingresar a viviendas públicas y complejos residenciales de la UR, mediante la verificación de documentos como la tarjeta de residencia (zairyu card).
Además, desde abril está en vigor un sistema que obliga a declarar la nacionalidad del comprador en determinadas adquisiciones de terrenos por parte de extranjeros o empresas extranjeras. La información es centralizada por el Estado para reforzar la protección de zonas estratégicas desde el punto de vista de la seguridad nacional, los recursos hídricos y los bosques.
RECIPROCIDAD EN DISCUSIÓN
No obstante, Japón cuenta desde 1925 con la Ley de Tierras para Extranjeros, basada en el principio de reciprocidad.
La norma establece que Japón puede restringir la compra de terrenos a ciudadanos de países que no permitan a los japoneses adquirir inmuebles en igualdad de condiciones. Asimismo, contemplaba limitaciones para la adquisición de terrenos considerados estratégicos para la defensa nacional.
Aunque la ley nunca fue derogada, gran parte de sus disposiciones dejó de aplicarse tras la Segunda Guerra Mundial y hoy existe un debate jurídico sobre su compatibilidad con la Constitución japonesa, que protege el derecho de propiedad y el principio de igualdad.
Para los especialistas, el aumento de residentes extranjeros y el creciente interés por el mercado inmobiliario japonés seguirán alimentando el debate sobre hasta dónde deben llegar las regulaciones del Estado y cómo equilibrar la convivencia, la libertad religiosa y la protección de los intereses nacionales. (RI/AG/IP/)
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