Por Masao Aizawa*
Recientemente se ha difundido en Japón una política local que propone otorgar recompensas económicas a los ciudadanos que proporcionen información sobre posibles casos de permanencia irregular de extranjeros. La medida ha sido presentada como una estrategia de seguridad pública. Sin embargo, más allá de su objetivo inmediato, plantea una pregunta más profunda: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo?
Como persona que durante años ha trabajado en el ámbito de la convivencia multicultural, esta noticia me genera una seria preocupación. La seguridad es, sin duda, una responsabilidad esencial del Estado. Las conductas ilegales deben ser corregidas y el cumplimiento de la ley es indispensable para la estabilidad social. No obstante, el problema surge cuando el foco deja de estar en el acto ilegal y comienza a desplazarse hacia la categoría de las personas.
Cuando una política incentiva económicamente a los ciudadanos a reportar a otros individuos, el efecto no se limita al control migratorio. Se introduce un cambio estructural en las relaciones sociales: la confianza comunitaria empieza a transformarse en sospecha cotidiana.
Incluso los extranjeros que poseen residencia legal pueden comenzar a sentir temor. Si una persona cree que puede ser denunciada por su apariencia, idioma o nacionalidad, evitará acercarse a instituciones públicas. Dejará de acudir a ventanillas de consulta, evitará contactar con la policía y reducirá su participación en la escuela o en la comunidad local. Este fenómeno no mejora la seguridad; por el contrario, genera aislamiento social.
La experiencia internacional muestra que una sociedad es más segura cuando existe cooperación entre autoridades y residentes. Pero la cooperación requiere confianza. Y la confianza tarda años en construirse, mientras que puede destruirse en muy poco tiempo.
Por ello, considero que el enfoque debe cambiar. El origen de muchos problemas asociados a la irregularidad no es la presencia de extranjeros en sí misma, sino vacíos institucionales y falta de información accesible.
Propongo, en cambio, medidas alternativas:
– Reforzar la supervisión sobre los empleadores que generan trabajo ilegal.
– Establecer de forma permanente servicios de consulta multilingüe y sistemas de asesoramiento anónimo.
– Ampliar la asistencia legal y el apoyo para la renovación de visados.
– Crear espacios de diálogo periódico entre la policía local y las comunidades extranjeras.
La convivencia multicultural no es una principio idealista ni un gesto de benevolencia. Es una infraestructura social que sostiene la estabilidad de la comunidad. Cuando las personas confían en las instituciones, colaboran. Cuando temen a las instituciones, se ocultan.
Este debate no trata únicamente sobre inmigración. Trata sobre el modelo de gobernanza que Japón desea adoptar en el futuro: un sistema basado en el control a través del miedo o una estabilidad construida mediante la confianza.
Personalmente, espero que Japón elija el segundo camino.
(*) Es presidente de Aizawa Corporation
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