La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, al concluir que excedió su autoridad bajo la International Emergency Economic Powers Act, conocida como IEEPA.
La decisión, adoptada por seis votos contra tres, representa un golpe significativo a uno de los pilares económicos del segundo mandato de Trump y reabre el debate sobre los límites del poder presidencial en materia comercial.
El tribunal coincidió con la U.S. Court of International Trade y la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, que habían determinado previamente que la IEEPA no autoriza aranceles amplios y prolongados contra casi todos los socios comerciales.
En la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que la facultad de “regular la importación” prevista en la ley no equivale a autorizar la imposición de impuestos o derechos aduaneros.
Roberts subrayó que la IEEPA no menciona expresamente aranceles y que el gobierno no presentó ninguna ley en la que el Congreso utilizara el término “regular” como sinónimo de poder tributario.
El fallo invalida los llamados aranceles “recíprocos”, que iban desde el 10 % para la mayoría de países hasta el 34 % para China, así como gravámenes vinculados a supuestas deficiencias en el control del fentanilo.
Sin embargo, la sentencia no afecta todos los aranceles vigentes. Permanecen en vigor los aplicados bajo la Sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962, incluidos los impuestos sobre acero y aluminio.
Tras conocerse la decisión, Trump criticó duramente el veredicto y anunció que recurrirá a otras herramientas legales, incluida la imposición de un arancel global del 10 % bajo la Sección 122 de la Trade Act de 1974.
En los últimos meses, varios países habían negociado con Washington reducciones en sus tasas “recíprocas”. Expertos advierten que esos acuerdos quedan ahora en una zona de incertidumbre jurídica y política.
Wendy Cutler, del Asia Society Policy Institute, señaló que los socios comerciales observarán con cautela los planes de contingencia de la Casa Blanca, aunque difícilmente abandonarán compromisos ya anunciados por temor a represalias.
Por su parte, Dawn Shackleford, exfuncionaria comercial estadounidense, afirmó que el fallo podría abrir la puerta a una estrategia más coordinada con aliados para abordar riesgos compartidos como la sobrecapacidad industrial.
Según el Penn Wharton Budget Model de la Universidad de Pensilvania, los nuevos aranceles recaudaron 168 800 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, cifra que ilustra la magnitud fiscal de la disputa.
El fallo no especifica cómo se tramitarán eventuales reembolsos. En su voto disidente, el juez Brett Kavanaugh advirtió que devolver miles de millones tendría consecuencias significativas para el Tesoro estadounidense.
La coalición We Pay the Tariffs, integrada por 800 pequeñas empresas, exigió reembolsos “completos, rápidos y automáticos”, al sostener que las demoras administrativas pondrían en riesgo la viabilidad financiera de muchos negocios.
Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics, alertó que cualquier nuevo instrumento arancelario podría prolongar la incertidumbre para empresas, inversores y hogares, con riesgos moderados pero persistentes para el crecimiento anual. (RI/AG/IP/)
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