La Policía Metropolitana de Tokio detuvo a la ex concejal Nobuko Irie, candidata del Partido Democrático para el Pueblo (Kokumin Minshuto), por presuntos pagos ilegales a estudiantes durante la elección a la Cámara de Diputados el pasado 8 de febrero.
Irie, de 63 años, compitió como candidata novel en el distrito 7 de Tokio, que abarca Shibuya y Minato. Su nominación oficial para postular al congreso nacional se confirmó apenas cuatro días antes del inicio formal de la campaña electoral.
Según la División de Investigación Segunda del Departamento de Policía Metropolitana, la acusada habría pagado más de 450.000 yenes en total a más de diez estudiantes universitarios por distribuir propaganda electoral.
La Ley de Elecciones Públicas (Koshoku Senkyo Ho) prohíbe pagar remuneraciones a personas que realicen actividades de campaña, salvo a ciertos agentes registrados y dentro de límites estrictamente regulados por la normativa electoral japonesa.
Las autoridades sostienen que entre finales de enero y principios de febrero se pagaron 270.000 yenes a cinco estudiantes universitarias de entre 10 y 20 años a cambio de repartir volantes solicitando el voto para Irie.
Junto a ella fueron arrestadas Kyoka Sugawara, directora de una empresa de marketing en redes sociales, y Yoshiko Sato, presidenta de una consultora. Ambas habrían coordinado el reclutamiento y los pagos mediante transferencias bancarias.
SIN ESTRUCTURA POLÍTICA
La campaña se desarrolló en un contexto de disolución sorpresiva de la Cámara Baja, decisión atribuida a la primera ministra Sanae Takaichi, lo que generó un calendario extraordinariamente corto para los candidatos.
Sin una estructura organizativa sólida a nivel nacional y en su primera incursión en elecciones generales, Irie habría enfrentado dificultades para reunir voluntarios, recurriendo presuntamente a incentivos económicos prohibidos por la ley.
Irie, exempleada de Fuji Television y diputada metropolitana durante dos mandatos con Tomin First no Kai, se afilió al Kokumin Minshutō en junio de 2025 antes de lanzar su candidatura nacional.
En los comicios celebrados el 8 de febrero, obtuvo 21.018 votos, menos del 10% de los sufragios válidos, quedando en cuarto lugar entre seis aspirantes y lejos de acceder a un escaño por representación proporcional.
En redes sociales se presentaba como “política” y destacaba logros familiares, incluida la educación universitaria de sus hijos. La investigación policial no ha revelado aún si las acusadas admiten o niegan los cargos.
El líder del partido, Yuichiro Tamaki, expresó en la red X que, de confirmarse los hechos, se trataría de una situación extremadamente lamentable que socava la equidad electoral, y prometió cooperación plena con la investigación.
El caso reaviva el debate sobre la presión que generan campañas breves y altamente competitivas en Japón, donde el cumplimiento estricto de la legislación electoral constituye un pilar esencial de la legitimidad democrática. (RI/AG/IP/)
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