A partir del año fiscal 2026 (abril), el Gobierno de Japón implementará un cambio trascendental para proteger la estabilidad financiera de las personas divorciadas. El periodo para solicitar la división de la pensión pasará de los actuales dos años a un máximo de cinco años posteriores a la separación. Esta reforma responde a la realidad de muchos ciudadanos que, tras un divorcio, pierden el derecho por enfocarse en la mudanza y la reconstrucción de sus vidas.
El objetivo central de esta medida es prevenir la pobreza en la vejez, especialmente para quienes se dedicaron exclusivamente al hogar. El sistema de pensiones público japonés se estructura en dos niveles: la pensión básica nacional y el Kosei Nenkin, destinado a empleados de empresas. Es precisamente este segundo nivel el que puede dividirse para asegurar que ambos cónyuges cuenten con recursos suficientes al jubilarse.
Actualmente, el volumen de solicitudes es notablemente bajo en comparación con el número total de divorcios. Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, en el año fiscal 2024 sólo se registraron 35.755 divisiones frente a más de 183.000 divorcios. Expertos como la planificadora financiera Mie Ido señalan que las parejas jóvenes a menudo ignoran este trámite por agotamiento emocional o por considerar que los montos son pequeños.
LOS DOS PILARES DE LA DIVISIÓN DE PENSIONES
Existen dos modalidades principales para realizar este proceso, según el periodo y la situación laboral de la pareja. El primer método es el Goei Bunkatsu o división por acuerdo, aplicable a quienes se divorciaron después de abril de 2007. En este esquema, la proporción se decide mediante el consenso entre ambas partes o a través de un procedimiento judicial, con un límite máximo del 50% para la parte receptora.
La segunda modalidad se denomina Sango Bunkatsu y está dirigida a quienes fueron dependientes económicos —conocidos como «asegurados de categoría 3″— desde abril de 2008. A diferencia del método anterior, esta división no requiere el consentimiento del otro cónyuge y se establece automáticamente en un 50%. Este mecanismo simplificado es vital para garantizar que el trabajo doméstico sea reconocido económicamente tras la ruptura.
El impacto real de estos trámites en la economía doméstica es significativo. Durante el año fiscal 2024, el monto promedio de la pensión para quienes solicitaron la división aumentó de 60.934 yenes a 94.509 yenes mensuales. Incluso en los casos de Sango Bunkatsu, el ingreso subió de 48.668 yenes a 56.985 yenes. Aunque las cifras varían según los ingresos y la duración del matrimonio, el beneficio es vital al ser una prestación de por vida.
HACIA UNA PROTECCIÓN LEGAL MÁS AMPLIA
La extensión del plazo a cinco años no es un hecho aislado, sino que forma parte de una reforma integral del Código Civil japonés. En 2024 se decidió ampliar el periodo para reclamar la distribución de bienes matrimoniales, y se instó a realizar lo mismo con el sistema de pensiones de manera urgente. Esta voluntad política culminó con la aprobación de la Ley de Reforma del Sistema de Pensiones en junio de 2025.
Para iniciar el proceso, es necesario acudir a una oficina de pensiones y solicitar el documento Nenkin Bunkatsu no Jouhou Tsuuchisho, que permitirá calcular las aportaciones durante el matrimonio. Una vez realizado el trámite, el pago se recibe generalmente a partir de los 65 años. Para quienes ya están jubilados, el ajuste se aplica a partir del mes siguiente a la solicitud, brindando un alivio financiero inmediato.
Los trámites se realizan en cualquier Oficina de Pensiones (Nenkin Jimusho) presentando documentos que acrediten el matrimonio y el divorcio, o el estado actual si aún está en proceso de divorcio. (RI/AG/IP/)
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