La primera ministra Sanae Takaichi recibió hoy en la residencia oficial a los miembros del Consejo de Investigación sobre Seguridad, Terrorismo y Ciberdelincuencia del Partido Liberal Democrático. Durante el encuentro, los legisladores entregaron una propuesta de emergencia que exige una respuesta inmediata ante el incremento de la inseguridad que percibe la ciudadanía.
Takaichi respondió con firmeza a esta petición, asegurando que su administración se volcará por completo para abordar estas amenazas como una prioridad absoluta del gabinete. El pilar central de esta iniciativa se enfoca en un control mucho más riguroso de la criminalidad cometida por ciudadanos extranjeros y en el fortalecimiento de las defensas contra ciberataques provenientes del exterior.
Entre las medidas concretas, se ha solicitado que la Agencia Nacional de Policía centralice una lista de intérpretes especializados para ser enviados a las prefecturas, agilizando así las investigaciones criminales. Esta medida busca eliminar las barreras idiomáticas que actualmente retrasan los procesos judiciales y la captura de sospechosos.
Un aspecto vital de la propuesta es la instrucción obligatoria sobre el sistema legal japonés para los trabajadores extranjeros. El gobierno planea implementar programas educativos que enseñen de manera clara qué actos están prohibidos y cuáles son las sanciones legales vigentes en el país.
Esta «educación legal» no busca formar abogados, sino garantizar que cada residente extranjero comprenda sus deberes y las consecuencias de sus actos desde el primer día, evitando que se infrinja la ley por desconocimiento o falta de orientación.
En el ámbito digital, el consejo alertó sobre el drástico aumento de ataques con programas de secuestro de datos, conocidos como ransomware, dirigidos contra empresas e instituciones médicas desde bases fuera de Japón. La propuesta insta a reforzar urgentemente la protección de las pequeñas y medianas empresas frente a la ciberdelincuencia internacional.
Con este compromiso, el Ejecutivo busca proyectar una imagen de disciplina y orden, asegurando que la apertura a la mano de obra extranjera vaya de la mano con un cumplimiento irrestricto de la legalidad. (RI/AG/IP/)
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