El gobierno japonés ha iniciado los trámites para endurecer drásticamente las reglas de reingreso al país para los turistas extranjeros que dejen deudas médicas sin pagar. Actualmente, el rechazo a la reentrada se aplica solo a deudas superiores a 200.000 yenes; sin embargo, esta cifra se reducirá a 10.000 yenes (unos 68 dólares) a partir del año fiscal 2026.
Esta medida busca resolver la creciente «sensación de injusticia» y poner fin al fenómeno llamado «viaje gratis» (Tadanori), donde extranjeros reciben tratamiento por enfermedad o lesión durante su estancia en Japón y regresan a sus países sin cubrir los gastos hospitalarios.
El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (Kosei Rodo-sho) planea adaptar sus sistemas durante el año fiscal 2025 para implementar la nueva regulación.
La información sobre los extranjeros con facturas médicas impagas será compartida con la Agencia de Servicios de Inmigración y Residencia (Nyukoku Zairyu Kanri-cho). Una vez registrados, estos visitantes tendrán su próxima solicitud de reingreso rigurosamente denegada.
La intención es evitar que los ciudadanos japoneses sigan subsidiando la atención médica de visitantes con estancias cortas.
VIGILANCIA A LOS RESIDENTES DE LARGO PLAZO
Inicialmente, esta estricta medida solo se aplicará a los visitantes de estancia corta (Tanki Taizai). No obstante, el gobierno tiene planes de ampliar su alcance: a partir del año fiscal 2027, la vigilancia se extenderá a los residentes extranjeros de mediano y largo plazo. En estos casos, la deuda médica impaga se utilizará como factor en la evaluación para la renovación de su Estatus de Residencia.
Además de la atención médica, el gobierno también planea establecer un sistema para prevenir el cobro fraudulento del subsidio por hijos (Jido Teate) por parte de residentes extranjeros.
Se han detectado casos en los que el subsidio se sigue cobrando ilegalmente después de que el niño regresa a su país de origen o deja de residir en Japón. Para combatirlo, el gobierno establecerá una red de información compartida entre las agencias pertinentes a partir de marzo de 2027.
Este sistema permitirá a los municipios confirmar el paradero y los movimientos migratorios de los niños, asegurando la correcta administración del subsidio. (RI/AG/IP/)
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