Japón endurece aplicación de ley con la súbita deportación de un kurdo

Japón empieza con deportaciones súbitas.

El gobierno japonés ha intensificado drásticamente su política contra los residentes sin estatus legal, confirmando el caso de un hombre de origen kurdo (nacionalidad turca) que fue deportado a Turquía de forma sorpresiva al presentarse en la Oficina de Servicios de Inmigración de Tokio (Tōkyō Nyūkan) para su control rutinario. Esta acción refleja la estricta aplicación de la ley contra los extranjeros que han utilizado múltiples solicitudes de asilo para prolongar su estadía en el país.

El endurecimiento responde al «Plan Cero Inmigrantes Ilegales» impulsado por el gobierno central. Aunque para los expertos esta deportación era un «hecho cantado» bajo la nueva normativa, la ejecución abrupta ha generado críticas por violación de derechos humanos y ha sembrado alarma entre las comunidades extranjeras.


DOS DÉCADAS EN «LIBERTAD PROVISIONAL»

El hombre kurdo, de unos 40 años, había vivido en Japón durante más de veinte años. Durante ese tiempo, se mantuvo en estado de «libertad provisional» (Karihomen), una situación que requiere presentarse periódicamente ante las autoridades migratorias.

La deportación se produjo el mismo día que se presentó para su chequeo habitual. Según su hermano, el hombre se había casado y tiene tres hijos pequeños nacidos en Japón. Aunque su esposa y sus hijos poseen estatus de residencia legal, el hombre deportado había presentado más de tres solicitudes de asilo sin obtener reconocimiento. Esta práctica de repetir las solicitudes es vista por las autoridades como un mecanismo para evitar la deportación.


La nueva rigidez en la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (Nyukan Nanmin-ho) se hace sentir con consecuencias inmediatas. Al ser deportado, el hombre queda sujeto a una prohibición de reingreso al país de cinco años, lo que separa a su familia de manera indefinida.

La esposa, de ascendencia japonesa, desconoce la vida en Turquía, y los hijos, criados en Japón, apenas manejan el idioma turco. La familia queda sumida en la incertidumbre, reflejando el dilema humanitario que surge de la estricta aplicación de la ley contra la permanencia ilegal. (RI/AG/IP/)


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