Este miércoles comenzó en Japón el juicio civil en el que tres mujeres camboyanas acusan a un empresario agrícola de violación reiterada mientras trabajaban como aprendices técnicas en una granja de fresas en la prefectura de Tochigi. Las demandantes exigen una compensación total de aproximadamente 92 millones de yenes (alrededor de 632 mil dólares).
Según la demanda, las mujeres llegaron a Japón en junio de 2022 con visas de entrenamiento técnico (gino jisshū) y comenzaron a laborar en el cultivo de fresas bajo el mando del ahora acusado. Durante su declaración en el primer día del juicio, una de las demandantes, una mujer de poco más de 20 años, aseguró que el empresario la llamaba con frecuencia para someterla a violencia sexual, y que cuando intentó resistirse, fue amenazada con ser deportada a Camboya.
“Me dijo que si hablaba con alguien, me enviaría de regreso”, relató la joven. También reveló que había contraído una deuda de 16,500 dólares para poder venir a Japón, lo cual la mantenía en una situación de extrema vulnerabilidad.
La joven afirmó que, tras quedar embarazada, fue obligada a abortar en un hospital. “Soy budista. El aborto es un pecado imperdonable. Esto también me causa un profundo sufrimiento”, declaró.
El acusado, por su parte, ha negado todas las acusaciones y ha solicitado que la demanda sea desestimada por el tribunal. (RI/AG/IP/)
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