Solo el 5% de acosadores acepta tratamiento en medio de récord de casos

El acoso no se queda solo en amenazas o seguimientos. Durante los últimos cinco años, tres casos terminaron en asesinato y 49 en intentos de homicidio.

El número de órdenes de restricción emitidas por acoso alcanzó su cifra más alta en Japón durante 2024, con 2.415 casos, según datos difundidos por la Agencia Nacional de Policía. A pesar de los esfuerzos por frenar estos delitos, solo el 5,6% de los acosadores (stalker o sutookaa) accedió a recibir tratamiento psicológico, que se considera una de las claves para prevenir crímenes graves.

Las consultas por acoso a la policía sumaron 19.567 el año pasado. Aunque hubo una leve disminución respecto al año anterior, el volumen sigue siendo alto. Desde 2017, cuando se permitió emitir órdenes de alejamiento sin advertencia previa, las medidas urgentes se han incrementado, llegando a representar más de la mitad de todos los casos (1.466 en 2024).


49 INTENTOS DE HOMICIDIO

El acoso no se queda solo en amenazas o seguimientos. Durante los últimos cinco años, tres casos terminaron en asesinato y 49 en intentos de homicidio, según registros oficiales. La violencia puede escalar rápidamente, y muchas veces las relaciones entre víctima y agresor —ya sean exparejas o desconocidos— complican las decisiones policiales.

Un caso reciente en Kawasaki, donde una mujer que había reportado acoso fue encontrada muerta en abril, puso en duda la capacidad de las autoridades para actuar a tiempo.


¿Y EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO?

Desde 2016, la policía ha estado promoviendo el tratamiento médico o psicológico para los agresores como una medida de prevención. Sin embargo, estos tratamientos no son obligatorios. En 2024, de los 3.271 acosadores contactados por las autoridades, solo 184 aceptaron recibir ayuda, marcando una preocupante caída respecto al año anterior.

Expertos japoneses critican la falta de recursos y formación tanto en la policía como en instituciones civiles para proteger a las víctimas. También plantean la necesidad de reformas legales que permitan a los tribunales ordenar tratamiento obligatorio, tal como ocurre en países como Reino Unido o EEUU. (RI/AG/IP/)



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