El Tribunal de Distrito de Tokio emitió el 25 de marzo un fallo ordenando la disolución de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, conocida como la Iglesia de la Unificación. Esta es la primera vez que un tribunal japonés toma una decisión de este tipo basándose en actos ilícitos contemplados en el Código Civil.
Si la orden de disolución es ratificada tras las apelaciones, la organización perderá su estatus de corporación religiosa y, con ello, los beneficios fiscales que conlleva.
El caso surgió tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en julio de 2022, cuando salieron a la luz denuncias de que muchas familias de fieles habían caído en la ruina debido a exigencias de donaciones exorbitantes por parte de la Iglesia. A raíz de esto, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT), encargado de supervisar las entidades religiosas en Japón, inició una investigación y, en octubre de 2023, presentó ante el Tribunal de Distrito de Tokio una solicitud de disolución.
El proceso judicial se desarrolló a puerta cerrada, con audiencias en las que se escucharon los argumentos de ambas partes y se intercambiaron documentos.
Según el MEXT, la Iglesia ha estado exigiendo donaciones excesivas y promoviendo la venta de artículos religiosos con supuestos poderes espirituales desde, al menos, la década de 1980. Hasta la fecha, se han emitido 32 fallos que reconocen la responsabilidad de la organización en estos actos ilícitos. Además, considerando acuerdos extrajudiciales y compensaciones, el monto total de los daños asciende a unos 20,4 mil millones de yenes (aproximadamente 1.550 personas afectadas).
El ministerio también argumentó que la Iglesia de la Unificación tuvo una participación sistemática en estas prácticas, lo que constituye una violación de la Ley de Corporaciones Religiosas. Según el ministerio, estos actos se enmarcan en los criterios para una orden de disolución, ya que representan «acciones que violan la ley y perjudican gravemente el bienestar público» y «desvíos significativos de los objetivos de una organización religiosa».
Hasta ahora, las únicas organizaciones religiosas disueltas en Japón por orden judicial han sido Aum Shinrikyo, responsable del atentado con gas sarín en el metro de Tokio, y Myokakuji (Wakayama), involucrada en un fraude basado en supuestos poderes de clarividencia. En ambos casos, se alegaron violaciones a la ley penal, ya que sus dirigentes fueron procesados judicialmente.
Por su parte, la Iglesia de la Unificación argumentó que las acciones contempladas en la Ley de Corporaciones Religiosas no incluyen a las grandes donaciones como actos ilícitos del Código Civil. También defendió que las contribuciones económicas forman parte de su actividad religiosa y que, tras la adopción de un código de cumplimiento normativo en 2009, los conflictos han disminuido drásticamente, por lo que no hay motivo para una orden de disolución. (RI/AG/IP/)
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