La administración de Donald Trump ha deportado a cientos de inmigrantes hacia El Salvador, a pesar de que un juez federal emitió una orden temporal bloqueando estas deportaciones, bajo una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas como el Tren de Aragua.
La orden fue emitida el sábado por el juez del Tribunal de Distrito de EEUU, James E. Boasberg, pero mientras se dictaba la sentencia, dos aviones con inmigrantes ya estaban en el aire, uno con destino a El Salvador y el otro a Honduras. Aunque Boasberg ordenó verbalmente que los aviones fueran regresados, aparentemente no se cumplió con la directiva, y no se incluyó en su orden escrita.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, respondió el domingo a la especulación sobre si la administración estaba ignorando la orden judicial. Según su declaración, “la administración no ‘se negó a cumplir’ con una orden judicial. La orden, que no tenía base legal, fue emitida después de que los terroristas TdA ya fueran sacados de territorio de EEUU”. Esta declaración se refiere al grupo criminal Tren de Aragua, que Trump mencionó en su proclamación inusual del sábado, dirigida a estos miembros de pandillas, especialmente a los asociados con Venezuela.
LA REACCIÓN DE EL SALVADOR
La controversia en torno a la proclamación de Trump surgió debido a que utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que ha sido empleada solo tres veces en la historia de EE.UU. Esta ley, que se usó en las Guerras Mundiales y en la Guerra de 1812, otorga al presidente poderes extraordinarios para detener o deportar extranjeros que, de otro modo, estarían protegidos por las leyes de inmigración o criminales. En este contexto, Trump invocó esta ley bajo el pretexto de que el Tren de Aragua estaba invadiendo EEUU.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró las deportaciones con entusiasmo, mostrando su disposición para albergar a unos 300 inmigrantes durante un año, a un costo de 6 millones de dólares en las cárceles del país. Esto fue recibido con comentarios en redes sociales de funcionarios de la Casa Blanca, incluidos el director de comunicaciones, Steven Cheung, y el senador Marco Rubio, quienes defendieron el trato con Bukele como una solución económica y justa.
La administración de Trump no identificó a los inmigrantes deportados ni presentó pruebas de que realmente fueran miembros del Tren de Aragua, o de que hubieran cometido crímenes en EEUU. También se enviaron a dos miembros de la pandilla MS-13 de El Salvador, quienes habían sido arrestados en EEUU.
EL IMPACTO EN EL SALVADOR
Un video divulgado por el gobierno de El Salvador mostró a los inmigrantes descendiendo de los aviones con las manos y tobillos esposados, siendo escoltados por policías antidisturbios. A continuación, fueron transportados en un convoy de autobuses hacia el centro penitenciario CECOT, un emblemático establecimiento del régimen de seguridad de Bukele. En este centro, los deportados fueron sometidos a un proceso de rasurado de cabello y cambio de ropa, para ser colocados en celdas con uniforme blanco.
La legislación que Trump invocó, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, nunca se ha utilizado fuera de un conflicto bélico declarado por el Congreso, y el juez Boasberg señaló que los inmigrantes afectados podrían tener razones legales para impugnar la autoridad de Trump en este caso. La restricción sobre las deportaciones, que se mantendrá durante 14 días, ha dejado a los inmigrantes en custodia federal mientras se resuelve el caso en los tribunales.
La decisión de Boasberg fue vista como una oportunidad para que los inmigrantes, que podrían estar siendo deportados sin tener la oportunidad de defenderse, pudieran presentar su caso ante la corte. Como afirmó Boasberg, «una vez que estén fuera del país, poco puedo hacer». (RI/AG/IP/)
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