En junio de 2024, la legisladora del Partido Liberal Democrático, Kimi Onoda, presentó su Reporte de Informe sobre Política Nacional Vol. 16, un documento clave donde detalla su visión y labor legislativa tras ser nombrada presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Cámara de Senadores.
Este informe, emitido durante la 213ª Sesión Ordinaria de la Dieta, marca un punto de inflexión en el debate sobre la reforma de las políticas de extranjería en Japón, específicamente respecto a la «adecuación» del estatus de residencia permanente.
«NO ES UN DERECHO»
Uno de los pilares fundamentales del pensamiento de Onoda, plasmado en su reporte de 2024, es que la residencia permanente no es un derecho absoluto, sino una calificación otorgada a extranjeros que cumplen con requisitos específicos. Onoda sostuvo que el sistema actual enfrenta desafíos, ya que una vez otorgada la residencia, no existen mecanismos para verificar si el beneficiario continúa cumpliendo con sus obligaciones públicas.
En su calidad de presidenta de la comisión y líder en la revisión de estas leyes, Onoda identificó como un problema crítico el hecho de que algunos residentes, teniendo capacidad económica, incurren en el impago deliberado de impuestos y cuotas de la seguridad social. Para corregir esto, impulsó reformas que establecen:
• Clarificación de requisitos: La ley ahora especifica que el «interés de Japón» (requisito para la residencia) incluye explícitamente el cumplimiento de las leyes de inmigración y el pago puntual de impuestos y cargas públicas.
• Sistema de notificación local: Se ha creado un mecanismo para que los funcionarios de gobiernos locales puedan informar a las autoridades de inmigración cuando detecten que un extranjero evade intencionalmente sus obligaciones fiscales.
SEGURIDAD PÚBLICA Y REVOCACIÓN DE LA VISA
En su reporte, la parlamentaria nacida en Chicago, de padre estadounidense y madre japonesa, también abordó la necesidad de cerrar brechas legales en temas de conducta criminal. Onoda destacó que, anteriormente, la deportación solía requerir penas superiores a un año de prisión; sin embargo, advirtió sobre casos de residentes que cometen delitos recurrentes (como agresiones o violaciones de tránsito) pero evitan sanciones migratorias por no alcanzar ese umbral en un solo evento.
Bajo esta nueva visión de control, se han añadido causales para la revocación del estatus de residencia, incluyendo:
1. El incumplimiento intencional de las obligaciones de pago de impuestos y cargas públicas.
2. La violación de las leyes de inmigración.
3. Ser condenado a penas de prisión (incluso de un año o menos) por violaciones específicas a las leyes penales.
VISIÓN PARA UNA SOCIEDAD DE COEXISTENCIA
Para Onoda, estas medidas no son restrictivas por sí mismas, sino que son la base para una verdadera «sociedad de convivencia». Su postura es clara: la armonía social solo es sostenible si todos los residentes respetan las reglas fundamentales de la nación japonesa.
Como presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa, Onoda supervisó la aprobación de la enmienda a la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados durante el primer semestre de 2024, asegurando que el sistema sea justo tanto para los extranjeros que contribuyen honestamente como para la sociedad que los acoge. (RI/International Press)
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