La pieza central del plan es la introducción de una estrategia que permitirá a agentes encubiertos postularse a trabajos ilegales para identificar y desmantelar redes criminales. El Gobierno busca determinar que la creación de identidades falsas para las investigaciones no constituya delito de falsificación de documentos oficiales, en cooperación con el Ministerio de Justicia.
El plan estipula también la elaboración de directrices específicas que aseguren la legalidad y protejan la seguridad de los agentes involucrados.
CONTROL SOBRE LOS ANUNCIOS DE EMPLEO
Ante el auge de las ofertas de trabajos ilegales en plataformas digitales, el Gobierno ha solicitado a los operadores de redes sociales la eliminación de publicaciones sospechosas. Términos como “trabajos blancos” o “pago inmediato” suelen encubrir actividades delictivas. Para facilitar su identificación, las autoridades clarificarán que cualquier oferta laboral sin detalles precisos —como el nombre del empleador, dirección, contacto, descripción del trabajo y salario— será considerada ilegal.
Estas directrices se incluirán en la futura “Guía de Información Ilegal”, que será elaborada por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones para mayo de 2025. Aunque estas regulaciones no tienen carácter coercitivo, el Gobierno espera que las empresas de redes sociales adopten estos estándares en sus políticas internas.
El plan también exige a las plataformas de redes sociales reforzar los procedimientos de verificación de identidad al momento de la apertura de cuentas. Actualmente, algunos servicios solo requieren una dirección de correo electrónico. Las nuevas propuestas contemplan la obligatoriedad de verificación mediante SMS.
Por otro lado, las plataformas de empleo deberán intensificar sus procesos de revisión previa de las ofertas laborales publicadas.
OJO CON APPS SIGNAL Y TELEGRAM
En cuanto a las aplicaciones de mensajería de alta confidencialidad, como Signal y Telegram, el Gobierno evaluará medidas para compartir información sobre las víctimas y los delitos detectados, dado que estas aplicaciones, con servidores fuera del país, complican las investigaciones.
El plan también aborda la necesidad de incrementar la vigilancia mediante cámaras de seguridad en áreas consideradas de alto riesgo. El Gobierno utilizará subvenciones públicas para agilizar la instalación de estos dispositivos y así reforzar la prevención del crimen. (RI/AG/IP/)
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