La política en Filipinas atraviesa una nueva escalada de tensiones tras unas controvertidas declaraciones de la vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte. En una rueda de prensa celebrada el 23 de noviembre, la vicepresidenta reveló que ha ordenado matar al presidente Ferdinand Marcos Jr., su esposa y un primo del mandatario, el presidente de la Cámara Baja, Martin Romualdez, si ella llegase a ser asesinada.
En su intervención, Sara Duterte no dio detalles específicos sobre amenazas en su contra, pero sus palabras fueron interpretadas como una clara advertencia de los crecientes roces entre su familia y la administración de Marcos Jr. “No se preocupen por mi seguridad. He hablado con una persona y le he dicho: si me matan, que maten a Marcos, a la primera dama y a Matin Romualdez. No es broma. No es broma”, dijo la vicepresidenta
En respuesta, el presidente Marcos emitió un comunicado el 25 de noviembre en el que rechazó rotundamente las declaraciones de la vicepresidenta y aseguró que no permitiría que el país fuese arrastrado “a un lodazal político”.
Las autoridades filipinas han intensificado la protección del presidente y su familia tras las declaraciones, en medio de una creciente preocupación por posibles atentados o represalias violentas.
Entre tanto, la policía presentó ayer denuncias penales contra la vicepresidenta Duterte y su personal de seguridad por presuntamente agredir a las autoridades y desobedecer órdenes en un reciente altercado en el Congreso. También ha sido citada para declarar sobre las amenazas de muerte al presidente del país.
TENSIONES HISTÓRICAS
Las declaraciones de Sara Duterte se dieron en un contexto político especialmente tenso. Su padre, Rodrigo Duterte, lideró una polémica y violenta campaña contra las drogas durante su mandato presidencial (2016-2022), en la que, según cifras oficiales, más de 6.000 personas perdieron la vida. Esta política le valió al expresidente una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La actual administración filipina ha mostrado disposición a colaborar con la CPI en las investigaciones, lo que ha generado especulaciones sobre una posible detención de Rodrigo Duterte. Este escenario ha agudizado las fricciones entre la familia del exmandatario y el gobierno de Marcos Jr., que hasta hace poco se percibían como aliados.
El enfrentamiento público entre Sara Duterte y Ferdinand Marcos Jr. refleja una fractura entre dos poderosas familias políticas en Filipinas. Mientras los Duterte intentan proteger el legado de su administración y evitan que Rodrigo Duterte enfrente la justicia internacional, el gobierno actual busca distanciarse de las prácticas autoritarias y controvertidas del pasado reciente. (RI/AG/IP/)
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