Según la sentencia, la facción de Abe había estado involucrada en prácticas irregulares desde hacía tiempo, tales como devolver parte de los ingresos por la venta de entradas a los donantes (conocido como “kickback”) y acumular fondos en las oficinas de los legisladores. Sin embargo, estas transacciones no fueron reportadas en los documentos financieros.
El tribunal determinó que Matsumoto había continuado con estas prácticas por costumbre, aceptando las afirmaciones de la fiscalía, que indicaban que se había registrado aproximadamente 1.350 millones de yenes (unos 9,3 millones de dólares) equivalentes a casi el 40% del total de ingresos, una cifra bastante menor al dinero recibido entre 2018 y 2022.
La defensa de Matsumoto argumentó que no estaba al tanto de la omisión de algunas de las cuentas acumuladas, pero el tribunal consideró que la culpabilidad por las declaraciones falsas se establece si el acusado tiene conocimiento de que las cifras son incorrectas.
En cuanto al informe financiero de 2022, el tribunal señaló que los líderes de la facción discutieron acerca de continuar con las prácticas irregulares y que, a pesar de tener la oportunidad de corregir las inexactitudes, decidieron seguir con el mismo procedimiento que en años anteriores. Por otro lado, se reconoció que Matsumoto se encontraba en una posición en la que debía obedecer las decisiones de los líderes de la facción respecto a cómo manejar los ingresos por encima de la regla establecida. (RI/AG/IP/)
