En 2020, Shizuo Aishima, asesor de Ohkawara Kakohki, un fabricante de maquinaria química en Yokohama, y dos ejecutivos de la empresa fueron arrestados bajo sospecha de exportar ilegalmente productos que podrían usarse con fines militares.
Los tres fueron acusados, pero más adelante se retiraron los cargos.
Mientras Aishima estaba detenido, se le diagnosticó cáncer, pero se le negó la libertad bajo fianza. Su situación se agravó y fue trasladado a un hospital, donde no pudieron salvarle la vida.
Su familia exigió al Estado una indemnización de 10 millones de yenes (66.000 dólares) alegando que el hombre no recibió los chequeos ni el tratamiento adecuados, lo que retrasó su diagnóstico y causó su muerte.
El jueves el Tribunal de Distrito de Tokio rechazó la demanda, informa NHK.
De acuerdo con el fallo, el tratamiento que recibió el hombre en reclusión fue correcto.
Un médico en el centro de detención realizó los exámenes y atenciones que correspondían, y luego dispuso su traslado a un hospital, según el tribunal.
El hijo mayor de Aishima lamentó el veredicto. El tribunal no comprendió a cabalidad el sufrimiento de su padre después de que le diagnosticaran cáncer mientras estaba detenido, dijo.
El mismo tribunal, sin embargo, en otra demanda presentada por la familia de Aishima y los ejecutivos arrestados, ordenó a los gobiernos de Japón y Tokio el pago de 162 millones de yenes (1,06 millones de dólares) en compensación por la injusta detención.
El fallo hizo hincapié en que hubo aspectos ilegales en las investigaciones de la policía y la fiscalía de Tokio.
Ninguna de las partes quedó conforme con la decisión judicial, pues ambas apelaron la sentencia. (International Press)
