El gobierno de Japón ha presentado en la Dieta un proyecto de ley que introduce modificaciones en la ley de inmigración.
Mainichi Shimbun ha criticado el proyecto que -sostiene- “muestra que el gobierno de Japón no ha aprendido nada sobre los derechos humanos”.
Actualmente, un extranjero en situación ilegal que solicita el estatus de refugiado no puede ser deportado mientras dure el proceso, y no existe límite para el número de veces que puede presentar la solicitud.
El proyecto aprobado por el gobierno limita a dos el número veces que un extranjero puede solicitar asilo, pues considera que hay personas que abusan del sistema para quedarse en Japón.
Mainichi subraya que los extranjeros recluidos en los centros de detención de inmigrantes pueden estar en peligro si regresan a sus países. Además, algunos tienen familia en Japón.
En 2021, Japón reconoció como refugiados a solo 74 personas, el 0,7 % del total de solicitantes, muy lejos de los estándares internacionales.
Por ejemplo, Japón le ha negado el asilo a personas de Myanmar que no pueden regresar a su país debido a la junta militar que lo gobierna.
Si el proyecto se aprueba, muchas personas se verían forzadas a retornar a sus tierras de origen, donde sus vidas correrían peligro.
Mainichi hace hincapié en que las normas internacionales establecen que un solicitante de asilo no puede ser repatriado por la fuerza.
Por otro lado, el proyecto no establece un límite al tiempo que un extranjero puede estar detenido en un centro de inmigración.
Japón ha sido criticado por la comunidad internacional por los extensos periodos de detención de extranjeros en situación de ilegales (hay encierros que superan los cinco años).
La iniciativa es casi idéntica a una que hace dos años fue desechada en medio de fuertes críticas, recuerda el medio japonés.
El proyecto de 2021 fracasó en gran parte, apunta Mainichi, por la muerte de una mujer de Sri Lanka, Wishma Sandamali, en un centro de detención de inmigrantes en Nagoya por falta de una adecuada atención médica. Tenía solo 33 años.
Las autoridades atribuyen la muerte de la mujer a fallas en el centro de Nagoya, no al sistema.
Para Mainichi, el proyecto presentado por el gobierno del primer ministro Fumio Kishida evidencia “el desprecio de Japón por los derechos humanos de los inmigrantes, y debe ser reconsiderado”. (International Press)
