El gobierno japonés planea hacer uso de su derecho a cuestionar y solicitar informes sobre las operaciones y gestión de la Iglesia de la Unificación, formalmente llamada Federación de Familias para la Unificación y la Paz Mundial, un paso que abre la puerta a una orden judicial de disolución en Japón.
Esta sería la primera vez que un gobierno utilizará una disposición de la Ley de Corporaciones Religiosas que le otorga el «derecho a cuestionar» a una organización religiosa.
El gobierno puede pedirle a un tribunal que emita una orden de disolución basada en «actos que se reconoce claramente que violan la ley y dañan significativamente el bienestar público» y «actos que se desvían significativamente del propósito de la organización religiosa».
La iglesia estuvo bajo un mayor escrutinio después del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en julio pasado. El hombre acusado del asesinato guardaba rencor contra la Iglesia de la Unificación y decía que las donaciones masivas de su madre al grupo llevaron a la familia a la ruina financiera.
Hasta el 28 de septiembre, habían llegado más de 2.200 llamadas a una línea directa para quejas sobre la Iglesia de la Unificación que el gobierno abrió el 5 de septiembre.
El gobierno planea consultar con el Consejo de Corporaciones Religiosas, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, si las sospechas llegan al nivel en que se puede invocar el ejercicio del «derecho a cuestionar».
Se espera además que el primer ministro Fumio Kishida anuncie pronto un paquete de ayuda para las víctimas de la Iglesia de la Unificación. Las revisiones a la Ley de Contratos del Consumidor ahora facilitan la cancelación de donaciones de alto valor.
Hasta ahora han habido otras dos organizaciones religiosas disueltas bajo la Ley de Corporaciones Religiosas. El primero fue el culto apocalíptico Aum Shinrikyo, que fue responsable del ataque con gas sarín en 1995 en el metro de Tokio. El otro fue el grupo del templo Myokakuji, que defraudó a sus seguidores a través del cobro de tarifas para conmemorar a los seres queridos fallecidos. (NI/RI/)
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