En mayo de 2020 Japón comenzó a aceptar solicitudes de ayuda pública para pequeñas empresas golpeadas por la pandemia de coronavirus.
Muchos aprovecharon de manera fraudulenta el subsidio, como una familia en la prefectura de Mie que le robó al Estado alrededor de 960 millones de yenes (7,1 millones de dólares).
Las bandas reclutaban a personas para que prestaran sus nombres y, haciéndose pasar por propietarios de pequeños negocios en apuros, solicitaran la ayuda pública.
Tras recibir el dinero, estas personabas pagaban una comisión a los grupos organizados de estafadores.
22.500 personas que recibieron el subsidio sin que les correspondiera prometieron devolver de manera voluntaria el dinero.
De ellos, 15.400 han cumplido con la devolución hasta el 16 de junio, según la Agencia de la Pequeña y Mediana Empresa, revela Asahi Shimbun.
Es decir, más de 7.000 residentes aún no han devuelto el dinero, en parte probablemente porque ya se lo gastaron.
La agencia no demandará a la gente que devuelva voluntariamente el subsidio.
El Centro Nacional de Asuntos del Consumidor de Japón ha recibido alrededor de 1.060 solicitudes de asesoramiento de personas que aseguran haber recibido ofertas sospechosas con respecto a la ayuda por coronavirus (al parecer, que presten sus nombres para solicitar de manera ilegal el subsidio). (International Press)
