Una trabajadora en Japón, sea japonesa o extranjera, no puede ser discriminada por motivos de embarazo. La ley la ampara.
La realidad, sin embargo, es distinta, sobre todo si la mujer es una aprendiz extranjera.
Vanessa, una joven filipina de 25 años, quedó embarazada cuando trabajaba en una residencia para ancianos en Japón.
La mujer pensaba dar a luz y retornar al trabajo. No pudo.
Cuando le informó a su jefe de que estaba encinta, lo primero que este le dijo fue que abortara, relata en entrevista a la agencia AFP.
La mujer se negó. “Pensé, ‘¿cómo se atreve?’. Abortar es una elección de la madre, no de otra persona”.
Como se negó, la presionaron para que renunciara. Vanessa perdió su trabajo.
La joven retornó a su país y dio a luz.
Si en Japón la quisieron obligar a abortar, en Filipinas la criticaron: su embarazo, le dijeron, daba una “mala imagen” de las aprendices filipinas.
Su caso no es aislado, sino un ejemplo de los abusos que se cometen contra las aprendices extranjeras cuando quedan encinta.
Entre 2017 y 2020, 637 aprendices extranjeras dejaron su trabajo por embarazo, según el Ministerio de Salud de Japón. La cifra real sería mucho mayor. La estadística oficial probablemente es apenas la punta del iceberg.
Lo que las cifras frías no revelan son dramas como el de Le Thi Thuy Linh, una joven vietnamita que trabajaba en una granja en la prefectura Kumamoto.
La mujer descubrió que estaba embarazada en julio de 2020. Por miedo a la deportación, la joven, que ayudaba económicamente a su familia en Vietnam, ocultó su embarazo a su jefe.
Él, sin embargo, sospechaba de su embarazo y le advirtió de que si daba a luz tendría dificultades. La joven lo negó todo.
La vietnamita decidió abortar.
Debido a que la intervención suele costar más de 100 mil yenes (casi 800 dólares) y ante el temor de que la clínica informe a su jefe, la joven consiguió píldoras abortivas por internet (no aprobadas en Japón). No la ayudaron.
La joven dio a luz prematuramente, sola y en su casa, a mellizos que nacieron muertos. Envolvió sus cuerpos en una toalla y los colocó en una caja de cartón, que guardó en su habitación. Dentro de la caja metió una nota en la que escribió: “Lo siento por ustedes dos”.
Al día siguiente, visitó a un médico en busca de ayuda, pero este lo delató ante las autoridades.
Las mujer fue llevada a juicio y condenada a una pena suspendida de tres meses por haber abandonado los cuerpos de sus bebés.
Su abogado Hiroki Ishiguro apeló el fallo judicial.
El abogado japonés denuncia, en declaraciones a AFP, que los empleadores consideran a los aprendices extranjeros como mano de obra barata desechable e intercambiable: se deshacen de unos y los sustituyen por otros. (International Press)
